jueves, 9 de febrero de 2012

EL PODER JUDICIAL INVESTIGA AL JUEZ QUE INSTRUYE EL CASO URDANGARÍN

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De nuevo los poderes del Estado actúan como si la culpa de las malas noticias fuera del mensajero. En este país corrupto hasta la médula, el que en vez de robar -como hacen casi todos- cumple con las exigencias del cargo que ocupa es el corre mayor riesgo de salir escaldado por una "Justicia" instrumentalizada por los de siempre. Los que tenemos memoria propia (y no una sesgada "memoria histórica" que el anterior gobierno pretendía imponernos por ley) aún recordamos el caso de Gómez de Liaño, un juez honrado que osó investigar a Jesús de Polanco, uno de los hombres más poderosos de España. La poderosa maquinaria de triturar reputaciones de que disponía dicho sujeto (con Prisa -no es un juego de palabras, es la editora de EL PAÍS- como punta de lanza) se puso a funcionar a destajo hasta que dicho juez fue apartado de su investigación, de su cargo, y le tocó apencar con una condena por prevaricación.

Esta vez le ha tocado al juez José Castro, quien, al parecer, debe creer ingenuamente eso de que todos "son iguales ante la Ley" que proclamaba Su Majestad en la homilía de Nochebuena (callándose astutamente que él no lo es, puesto que está exento de toda responsabilidad penal), y que se puede tratar a un poderoso como si fuera un ciudadano más. La excusa para esta "investigación" (nunca pensé que este término pudiera ser usado como eufemismo de "represalia") son las filtraciones de un sumario ¡al que tienen acceso más de un centenar de personas!

El Consejo General del Poder Judicial nunca había antes abierto expedientes por casos de filtraciones de un sumario sobre el que pesase el secreto, claro que tampoco antes había sido investigado un yerno del rey, y no digo un miembro de la Familia Real porque ésta ha procedido a hacer como los bancos con los activos tóxicos que endosan a un "banco malo", apartando a los miembros "no ejemplares" de la familia política a un extraño limbo marginal en el que tampoco se hallan desamparados del todo (dado que el ex-deportista sigue manteniendo el puesto -y el sueldazo- en Telefónica).

Por cierto, que además del obvio amedrentamiento que supone para el juez saberse objeto de este "trato especial", llama también -y mucho- la atención el hecho de que entre las cerca de cien personas citadas a declarar acerca del supuesto "trinque" operado mediante las empresas del matrimonio Urdangarín-Borbón no aparezca la vocal de la junta directiva de Nóos, copropietaria de Aizoon y beneficiaria del lucro obtenido -en su condición de cónyuge del espabilado ex-deportista-, la infanta doña Cristina.

Una predicción: ella se irá de rositas, y a él la única condena que le caerá será la del escarnio público, que no le impondrán los jueces sino la opinión pública.

¿A esto le llamaremos "justicia"?

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