miércoles, 20 de noviembre de 2013

INSULTAR O AMENAZAR A UN POLICÍA SE SANCIONARÁ CON HASTA 30.000 €



Insultar, vejar, amenazar o coaccionar a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -esos indefensos émulos de San Francisco de Asís, tan pacíficos y respetuosos ellos- durante una manifestación será considerado como una infracción administrativa "grave" sancionada con entre 1.001 euros y 30.000 euros de multa. Esta es una de las principales novedades del Anteproyecto de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (o "Ley de represión ciudadana", si atendemos a su contenido)que Interior prevé llevar el viernes al Consejo de Ministros, y que tiene en la salvaguarda de los hiperprotegidos, hiperarmados e hiperviolentos policías de por aquí uno de sus pilares fundamentales, según el Departamento que dirige Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior y director de la Gestapo nazional.

En el redactado también se contempla como infracción "muy grave", sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes "con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación", operación que puede ser-como ya ha sido- infiltrarse en una manifestación pacífica para crear una ostensible violencia que justifique las cargas y detenciones posteriores.

En total hay 21 infracciones consideradas "muy graves", la mayoría de ellas destinadas a preservar el "orden público". En este punto la ley recoge lo ya adelantado por el ministro en el Congreso de los Diputados: las concentraciones frente a las instituciones del Estado como la Cámara Baja cuando éstas no hayan sido debidamente comunicadas, y con independencia de que las Cortes se encuentren en ese momento reunidas. Esto también estará sancionado con hasta 600.000 euros y en ello se incluye, además de a los participantes, a quienes las convoquen, dirijan o presidan. Y eso que el Parlamento es "la casa de todos", como proclaman con cinismo los sofistas a quienes algunos todavía votan.

Hay que proteger a estas criaturitas, faltaría más.
La perturbación del orden público en espectáculos, acontecimientos deportivos u oficios religiosos y demás actos públicos también se considerará "muy grave", así como las manifestaciones sin autorización en torno a las consideradas infraestructuras críticas como, por ejemplo, una central nuclear -objetivo muchas veces de movimientos ecologistas- o un aeropuerto. Con este apartado se recoge entorpecer el funcionamiento de las mismas, o incluso sobrevolarlas.

En el apartado del orden público, pero ya dentro de la infracciones graves, se contempla la participación en disturbios con capuchas, gorros, pañuelos o máscaras a efectos de dificultar la identificación por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Si uno tiene frío, o se ha creído lo del derecho a la propia imagen, da igual: se supondrá que lo que quiere es dificultar su identificación, y se actuará en consecuencia. Eso sí, si los agentes no facilitan su información, como es preceptivo, habrá siempre una justificación para ello, algo respecto a lo cual la ley no tiene nada que decir. O sí, que el matón uniformado siempre tiene razón. Y si no la tiene, da igual. Es el que manda. Un estado fascista no puede descender a deslegitimar a sus mercenarios.

En cuanto a las "zonas de seguridad" para evitar los escraches es una medida que esbozó el ministro hace meses a partir de una iniciativa en este sentido de la Ertzaintza, que fijó ese perímetro en 300 metros. Aunque el anteproyecto no especifica distancias concretas, los responsables de Interior otorgan especial importancia al hecho de que este recurso de seguridad ya esté regulado formalmente.

Otro campo que regula esta Ley es la obligatoriedad de identificarse ante las Fuerzas de Seguridad, que podrán inmovilizar a una persona hasta que se compruebe su identidad (y ya sabemos la delicadez, humanidad y consideración con que los servidores de la ley inmovilizan a un ciudadano, con la posibilidad cierta de dejarle inmovilizado -o tetrapléjico- para los restos).

Este articulado regula que los agentes puedan requisar el documento durante unos minutos afectos de esta comprobación. Fuentes de Interior llaman la atención sobre el hecho de que en algunas manifestaciones había quien alegaba que el documento es personal e intransferible para no entregarlo a las autoridades. Por su parte, a los ciudadanos extranjeros no se les podrá desposeer de sus documentos de origen salvo mandato judicial.

En definitiva, todas las garantías, impunidad e iniciativa para quienes ya tienen, por prerrogativa legal, el monopolio de la violencia. Y asimétricamente, todas las obligaciones para el ciudadano, objeto de la más insidiosa presunción de culpabilidad. La PPolítica a emprender esta clara: absoluta criminalización de toda protesta social, por pacífica que sea.

Ni Kafka lo hubiera imaginado.

¿Alguien cree todavía que vivimos en una democracia?

(Fuente: Europa Press)

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