jueves, 22 de noviembre de 2012

LOS QUE VIVEN GRACIAS A QUE LOS DEMÁS NO SABEN


El permanente (y desvergonzado) reciclaje de políticos en los consejos de administración de empresas privadas, previamente favorecidas por las medidas que estos tomaron, es el deporte rey en España, donde las patadas a la ética son mas fastuosas aún que las propinadas al balón. 49 políticos manejan 58000 millones de euros en empresas del Ibex. Así se explica el trasvase de dinero público a voraces agujeros negros como el de Bankia, cuyo desastre sigue siendo camuflado con ahínco por quienes pusieron a incompetentes a su cargo.



Decía Pío Baroja que en España hay siete clases de españoles:

1] los que no saben;
2] los que no quieren saber;
3] los que odian el saber;
4] los que sufren por no saber;
5] los que aparentan que saben;
6] los que triunfan sin saber, y
7] los que viven gracias a que los demás no saben.

Estos últimos reciben el nombre de "políticos".

Seguimos la espera de lo que ocurra con el proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, que fue remitido a la Cámara en Julio y vegeta en la Comisión Constitucional del Congreso.
Muchos de nuestros políticos que son acusados por irregularidades administrativas o delitos diversos están en libertad a pesar de haber sido no solo imputados sino en muchos casos procesados.

Tenemos que plantear la necesidad de una Ley de Transparencia Política que ponga en práctica el Código Europeo para las Buenas Prácticas de Conducta de las autoridades locales y regionales, y que debe ser extensible a cualquier cargo político.

Por ello, una Ley que no solo busque limpiar la vida política de escenarios comprometidos, sino que mediante las oportunas garantías establezca un procedimiento de garantía sumaría para que cualquier juez de lo Contencioso, o Tribunal competente pueda mediante audiencia y un auto en un plazo no superior a dos o tres meses, declarar en el cese de la actividad política y en el cargo a cualquier político que acusado y procesado por delitos graves, no pone su cargo a disposición del partido o coalición que sea, y dimite.

Los pleitos y procedimientos en un sistema garantista se eternizan, y la justicia retrasada, como dice el refrán castellano, ni es justicia ni nada. Y la presunción de inocencia queda quebrada en un proceso donde el cargo político se encuentra claramente incriminado y hay claras pruebas de ello.
Por ello esa Ley de la Transparencia debe y puede apostar porque la deontología de los militantes de partidos que ocupen cargos públicos exhiban la bandera de la honestidad absoluta y no de la sospecha.

Así mismo debería existir un Registro Público de la Transparencia Política y de las Buenas Prácticas, donde puedan acceder los ciudadanos y conocer de primera mano los delitos por los que un cargo público está procesado en el caso de delitos graves y públicos, o ha sido condenado por sentencia firme, aunque esté recurrida, y que tales delitos no hayan prescrito.

Existen los mecanismos legales oportunos para controlar y aplicar la transparencia a la vida pública, y que de una vez por todas la opinión pública esté informada de quiénes son los que no hacen sus deberes, o deben por coherencia y honestidad dimitir.

Ese objetivo corre el peligro de irse al traste, según denuncia en un documento enviado a los diputados la Coalición Pro Acceso, un grupo de 60 organizaciones y expertos creada en 2006 para promover una legislación de acceso a la información.

“La Coalición Pro Acceso es una plataforma que se creó en octubre de 2006 con el fin de promover la adopción e implementación de una Ley de Acceso a la Información en España, ya que España es el único país de la Unión Europea con más de un millón de habitantes que no tiene una ley específica reguladora del derecho de acceso a la información.

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental, reconocido por la legislación internacional, por muchas constituciones y por más de 80 leyes nacionales de todo mundo. Es también conocido como el derecho a saber o libertad de información.

Implica el derecho de toda persona a solicitar y recibir información de entidades públicas. A su vez, obliga a las entidades públicas a publicar información sobre sus funciones y gastos de manera proactiva. ”

En realidad, los españoles no elegimos a ningún político, sólo y en muchos casos una lista llena de “presunto implicados”, muchos de ellos ya imputados en graves delitos: los que están en la lista “A” o en la lista “B”.

Además, hay muy pocas listas y fuertes barreras de entrada, de forma que es muy difícil que entren nuevos competidores.Porque va todo junto, la corrupción de este país no es solo económica, también es social y moral.

Hay que ir a la raíz de los problemas, para entender porque sucede lo que sucede y porque estamos como estamos.

Políticos actuales que han fichado por empresas de sectores regulados

Político:                                Empresa/organismo:

Elena Salgado            Endesa
Ángel Acebes            Bankia
Josep Piqué            Grupo Ferrocarril, Vueling, Applus…
José María Michavila            JP Morgan
Pedro Solbes            Enel, Barclays
José María Aznar            Endesa (también holding murdoch)
Felipe González            Gas Natural
Eduardo Zaplana            Telefónica
Rodrigo Rato            Lazard, Santander y Bankia
Isabel Tocino            Banco Santander
Josu Jon Imaz            Petronor
Alfredo Timmermans            Telefónica
Luis de Guindos            Lehman Brothers
 
 
(Fuente: http://www.angelesgarciaportela.com/2011/07/los-que-mueven-los-hilos-del-ibex.html; visto en http://odiseaazul.blogspot.com.es/2012/11/que-los-vote-el-ibex-los-que-viven.html)

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