domingo, 1 de abril de 2012

EL USO DEL AGUA PARA EXTORSIONAR A LA POBLACIÓN

Muchos de los créditos que los gobiernos bolivianos de los años noventa solicitaron al FMI, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo iban sujetos a cláusulas como la que exigía la privatización obligatoria de la empresa municipal de suministro de agua (extracción, conducción, almacenamiento y comercialización) de la ciudad de Cochabamba, la tercera más poblada del país andino. La empresa a la que se le adjudicó este servicio público fue “Aguas del Tunari” (por entonces los socios mayoritarios eran con el 55 % la estadounidense Bechtel & Edison, y con el 25 % la española Abengoa). La táctica del FMI para Cochabamba dispuso que aquellos contratos de privatización del agua irían acompañados de condiciones como que, una vez privatizado dicho servicio, las nuevas tarifas deberían subir inmediatamente para todos los usuarios un 35% -los más desfavorecidos pagaron incluso un 45% más- y fueron ajustadas al curso del dólar estadounidense, además de dirigir el coste de nuevas instalaciones a los usuarios y otras medidas similares. Entre semejante subida de precio y su pago en dólares, se hizo evidente un enorme y repentino descenso del poder adquisitivo de la mayoría de la población de Cochabamba, endémicamente situada bajo el umbral de la pobreza. Al mismo tiempo, el gobierno de la ciudad puso en marcha una nueva ordenanza municipal según la cual quedaba expresamente prohibida, bajo pena de sanción económica, la recogida de agua natural de la lluvia, ni su obtención por cualquier otra forma de cooperativización del recurso natural, como venían haciendo los bolivianos ya desde tiempos de la civilización Inca, y que permitían el acceso al agua de forma equitativa a todos los ciudadanos.

Bajo estas condiciones de opresión neocolonial extrema, el conflicto no tardó en estallar: ante la insostenible situación social, las protestas y las huelgas, el ex-dictador y por entonces presidente de Bolivia Hugo Bánzer ordenó el Estado de Sitio en Cochabamba y envió a la policía a reprimir a la población. Tras terribles disturbios, con un saldo de al menos un muerto, casi doscientos heridos y el colapso de la ciudad, el gobierno se vio obligado a rescindir el contrato adjudicado a “Aguas del Tunari”. Un año después, en 2001, la corporación Bechtel, como socio mayoritario de “Aguas del Tunari”, y conjuntamente con Abengoa, demandó al gobierno boliviano por incumplimiento del contrato y reclamó una indemnización de 25 millones de dólares. En 2006 Bechtel retiró su demanda por inconsistente, pero Abengoa, que invirtió unos 375.000 dólares en “Aguas del Tunari”, reclama los mismos 25 millones de dólares por daños y perjuicios a un país que tiene una deuda externa cifrada en casi 5.000 millones de dólares. Deberíamos saber que, para el Gobierno de Evo Morales, esos 25 millones de dólares suponen el sueldo anual de 3.000 doctores rurales graduados en La Habana, o el salario por un año de 12.000 maestros de escuela pública.

(Fuente: ideasteluricas.blogspot.com)

No hay comentarios:

Publicar un comentario