sábado, 9 de junio de 2018

LOS ESTADOS CONSIDERAN A LOS NIÑOS COMO PROPIEDADES



Como ejemplo paradigmático de la diferencia entre lo importante y lo urgente tenemos la escasa reflexión que ha suscitado el caso de Alfie Evans, el bebé británico aquejado de una rara afección neurológica al que los jueces ordenaron desconectar de su soporte vital contra el criterio de sus padres. Casos anteriores menos expuestos mediáticamente habían sentado precedentes, confirmando una de las revelaciones más escandalosas presentadas por medios alternativos como éste y que los "mass media" oficiales ocultan maquiavélicamente: cumplimentar el certificado de nacimiento de un niño establece su condición de mercancía propiedad del Estado (más información aquí, aquí y aquí). Como recogía en otra entrada (y perdón por la autocita):

El certificado de nacimiento establece una propiedad sobre la persona, que queda registrada, documentada y sometida a una ficción jurídica -la ilusión de ser una entidad mercantil, una corporación sobre la que el Estado crea una expectativa de beneficio- que se mantiene hasta que se certifica el cese de su existencia.

Dicha corporación se crea con el mismo nombre que tenemos, pero para diferenciarlo de la persona natural se escribirá siempre CON LETRAS MAYÚSCULAS. La figura jurídica que rige esta duplicación se conoce como "capitis diminutio maxima": las letras mayúsculas reducen a la persona al máximo, la sustituyen por una entidad muerta sometida al estado, carente de derechos y de propiedades. Esa identidad ficticia es un esclavo, que aceptas ser desde el momento en que entras en contrato con ELLOS (esclavitud por consentimiento). Solo mediante contrato se entra en la ficción legal que nos saca de la esfera de lo privado, donde somos seres genuinos, regidos por el derecho natural y dotados de derechos naturales, para arrojarnos a la de lo público, donde somos mercancías gobernadas por la Ley Marítima que rige el comercio.

Ante la Ley Marítima que rige el comercio, los seres humanos están desprovistos de derechos y de dignidad: son meras mercancías, objeto de uso, y su valor se cifra en la expectativa de beneficio económico a producir. Obviamente, ante dicho criterio, la vida de terminales, ancianos, enfermos, etc. solo se concibe como una carga, de la que es mejor librarse cuanto antes. Por supuesto, en aras de salvaguardar las apariencias, siempre "por su bien y el de toda la sociedad". Que unos padres se opongan no es más que un molesto obstáculo de los que antiguallas como la ética y los afectos interponen en el camino del "Brave New World" al que nos conducen a la fuerza.


Los estados solo quieren niños "normalizados", debilitados por vacunas innecesarias, frustrados por una educastración que los encasilla, abocados a ser votantes sin juicio y consumidores sin criterio por la ignorancia obligatoria, y los padres que pongan impedimentos a tan deshumanizador proyecto deben saber que se arriesgan a que el Leviatán administrativo reclame lo que ha registrado como suyo y les arrebate a sus hijos. Está ocurriendo en los países llamados "socialdemócratas" con la excusa de la "defensa del menor".



Y que nadie se llame a engaño, no solo esto va a importarse a España. Ya está sucediendo:



(posesodegerasa)

1 comentario:

  1. Alguien lo considera, el estado es una Institución.

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