martes, 4 de abril de 2017

LAS REGLAS DEL JUEGO (8ª parte)




El Manual de Guerra del Departamento de Defensa esboza autorizaciones del Departamento de Defensa para crear instrumentos jurídicos específicos con el fin de superar los obstáculos jurídicos restantes a sus poderes de detención, lo que permite la creación "ad hoc" de marcos e instrumentos legales y tribunales especiales’.

Según el manual, se puede segregar a los detenidos en campos de prisioneros en base a criterios raciales y étnicos. ‘Los detenidos pueden ser segregados en campamentos o prisiones teniendo en cuenta su nacionalidad, el idioma y las costumbres, y se pueden utilizar otros criterios para segregar a los detenidos para administración, seguridad, inteligencia, médica, o de hacer cumplir la ley’.

Las autoridades militares están facultadas para llevar a cabo el reasentamiento masivo de poblaciones bajo lo que define como ‘desplazamiento de la población civil por razones militares imperiosas’.

‘La Potencia ocupante podrá efectuar la evacuación total o parcial de una zona determinada, si es necesario para la seguridad de la población o por razones militares imperiosas’.

‘El desplazamiento de la población civil no podrá ser ordenada por razones relacionadas con el conflicto a menos que la seguridad de las personas civiles o razones militares imperativas así lo exijan’.

El manual describe los procedimientos para la ocupación militar y la imposición de la ley marcial en los territorios subyugados, con protocolos que se formulan en términos muy generales, dejando en claro que el mundo entero, incluyendo la ‘Patria’, son vistos como Territorio Ocupado real o potencial.

Habitantes de territorio bajo el régimen militar de Estados Unidos deben presentarse sin condiciones a los dictados de la ‘Potencia ocupante rindiendo estricta obediencia a las órdenes del ocupante’, indica el manual en la sección ‘Suspensión y Sustitución de Autoridad Gubernamental’.

Los comandantes estadounidenses pueden ‘ejercer autoridad sobre todos los medios de transporte público y privado, ya sea por tierra, agua o aire, dentro del territorio ocupado, y pueden aprovecharlos y regular su funcionamiento’.

Para que no haya ninguna ilusión de que los protocolos para la ocupación militar y la suspensión del gobierno constitucional no se aplican dentro de las fronteras de Estados Unidos, el manual anuncia que la ley promulgada por el Departamento de Defensa de las políticas de guerra se está integrando en la legislación interna.

En el apartado de ‘Conflictos Armados No-Internacionales’, el manual desarrolla otro vacío conceptual que permite a sus fuerzas violar los Convenios de Ginebra y otras leyes internacionales cuando participan en operaciones contra personas u organizaciones que no son formalmente parte de un Estado reconocido internacionalmente.

Mientras que el manual asigna cierta relevancia limitada a las leyes internacionales en relación con los conflictos militares en contra de los Estados nacionales rivales, se dice que los conflictos armados no internacionales que se realicen bajo las autoridades esencialmente ilimitadas asignadas por el manual al gobierno de Estados Unidos como estado nacional más poderoso del mundo.

Los actores no estatales no pueden reclamar el estatuto jurídico de los gobiernos nacionales y están considerados legalmente inermes, es decir, totalmente a merced del gobierno de Estados Unidos y no tienen derecho a las protecciones mínimas otorgadas a los prisioneros de guerra como enemigos capturados.

La igualdad soberana de los Estados, no es aplicable en los conflictos armados entre un Estado y un grupo armado no estatal. Los límites impuestos por el derecho internacional sobre la acción de un Estado contra los grupos armados no estatales no alteran el principio básico de que el Estado puede ejercer sus derechos de soberanía contra el grupo armado no estatal. Aunque, en caso de conflicto armado internacional, los combatientes legales gozan de ciertas inmunidades de jurisdicción del Estado enemigo, las personas pertenecientes a los grupos armados no estatales carecen de cualquier privilegio legal o inmunidad de enjuiciamiento por un Estado que se dedica a las hostilidades contra ese grupo.

Tal lenguaje sirve para poner a los oficiales estadounidenses sobre aviso de que, al confrontar los movimientos insurreccionales por la clase obrera nacional e internacional, se les permite dejar de lado todas las restricciones convencionalmente asociadas con el derecho de la guerra, que ha evolucionado a lo largo de siglos.

Las recientes elecciones pusieron de nuevo los crímenes de guerra en la agenda de Estados Unidos. En realidad, los funcionarios estadounidenses se han salido con la suya, y en el caso de la guerra con drones continúan saliéndose con la suya. Aun así, no hay nada como la combinación de la carrera por la presidencia de un populista republicano y la histeria nacional producida por el terrorismo para hacer que los estadounidenses quieran más de esas ‘técnicas mejoradas de interrogación’, el eufemismo para la tortura. Esto es lo que normalmente sucede si los crímenes de guerra no se llevan a los tribunales.

Cuando en agosto de 2014 el presidente Barack Obama admitió que ‘hemos torturado a alguna gente’, agregó una advertencia. ‘Es necesario que se entienda y acepte la historia reciente de la tortura en Estados Unidos. Como país, tenemos que hacernos responsables de ello para tener la esperanza de que en el futuro no volveremos a hacerlo’. Centrando la responsabilidad de la tortura en todos los estadounidenses ‘como país’, Barack Obama evitaba que los torturadores tuvieran que responder por sus actos.

El país miró hacia otro lado cuando debió pedir cuentas a quienes la habían puesto en marcha y realizaban operaciones de tortura a gran escala en las sedes clandestinas distribuidas por todo el mundo. Nunca se presentó cargos contra quienes ordenaron torturar en Guantánamo. No se enjuició a nadie, mucho menos a altos funcionarios de la administración Bush-Cheney.

En ese espectáculo tan estadounidense que llaman elecciones, los candidatos republicanos se lanzan unos contra otros en un frenético esfuerzo por ser vistos como el aspirante con más posibilidades a la hora de ignorar lo ocurrido y en lugar de ello prometen volver a hacerlo en el futuro. Como resultado de la puja, están prometiendo cometer todo tipo de crímenes, desde la tortura hasta el asesinato de civiles, unas promesas por las cuales el líder de cualquier otra nación sería llevado a un tribunal internacional acusado de ser un criminal de guerra. Pero lo de ‘criminal de guerra’ es un cargo reservado exclusivamente para la gente que detestan, no para los estadounidenses. Parafraseando al ex presidente Richar Nixon: si lo hace Estados Unidos, no es un crimen.

Las promesas abiertamente expresadas de cometer futuros crímenes no han hecho más que hacer crecer la franqueza. Algunos ejemplos extraídos de la campaña presidencial son suficientes para ilustrar lo dicho: Ted Cruz garantiza que ‘destruiremos totalmente el ISIS, lo someteremos a bombardeos de saturación hasta que no quede nada’. Es decir, se bombardeará una zona de modo que cualquier cosa o ser viviente sea totalmente destruido. De esa campaña de bombardeo contra el ISIS habló Cruz a una multitud entusiasmada en la Rising Tide Summit: ‘No sé si la arena puede resplandecer en la oscuridad, pero encontraremos la manera de hacerlo’, en una referencia al uso de armas nucleares.

‘Bombardeo de saturación’ (carpet bombing, en inglés) es una metáfora que describe una auténtica pesadilla producida por el poder aéreo, tal como muchos vietnamitas, laosianos y camboyanos vivieron, e implica la saturación de toda una zona con la cantidad suficiente de bombas como para que no quede nada en pie sin tener en cuenta la vida de quienes puedan estar allí. Es ilegal en el contexto de las leyes de la guerra porque no distingue entre civiles y combatientes. El neurocirujano pediátrico Ben Carson piensa de la misma manera. Cuando en el último debate de los candidatos republicanos, Hugh Hewitt, comoderador de la CNN, insistió sobre si acaso él era lo suficientemente ‘duro para dar el visto bueno a la muerte de miles de niños y civiles’, Carson respondió ‘entendió bien, entendió bien’. Incluso expuso una futura campaña contra el ISIS en la que podrían morir miles de niños comparándolo a un procedimiento quirúrgico necesario para extraer un tumor del cerebro.

El enfoque trajo a colación lo que en los círculos republicanos pasa por un matiz en la discusión de la futura política de los crímenes de guerra. Lo que Washington necesita es una estrategia contraria a lo que caracteriza a la administración Obama-Biden que es de una excesiva preocupación por las sutilezas de la ley internacional por las devastadoras consecuencias humanitarias.

Donald Trump declaró sin tapujos que él volvería a utilizar la tortura. ‘¿Si aprobaría el submarino’ o ahogamiento, se preguntó ante una multitud entregada en un mitin en Columbus, Ohio, el pasado noviembre. ‘Podéis apostar el culo que lo haría. En cuanto sea presidente’. Tratándose de Donald Trump, esto no sería más que el comienzo. Aseguró a sus seguidores, sin precisar pero enfáticamente, que él ‘aprobaría más que eso’, dejando librado a su imaginación si acaso pensaba en otros atroces procedimientos. Mientras, cada vez que surge la cuestión de la tortura, él insiste: ‘No os engañéis. Funciona. Solo un estúpido diría que no funciona. Y si no funciona, de cualquier modo se lo merecen’.

Pocos días después, un triunfalista Donald Trump avanzó aún más lejos en el territorio de la guerra criminal. Se declaró preparado para golpear de verdad al Estado Islámico donde más le duele. ‘Otra cosa que pasa con los terroristas es que hay que eliminar a sus familiares; cuando coges a un terrorista, hay que eliminar a su familia. Ellos se preocupan por la vida de su familia, no nos engañemos. Cuando dicen que no se preocupan por sus familiares, tú debes matarlos’.


Nada que no se sepa y acepte en Estados Unidos, pero el denominador común de las amenazas presentes en todas esas propuestas de respuesta al ISIS no es solo la típica línea dura del Partido Republicano. Cada una de ellas representa una grave violación de las leyes estadounidenses, de la ley internacional en caso de guerra, y de las convenciones que Estados Unidos ha firmado y ratificado tanto durante gobiernos republicanos como demócratas. La mayor parte de los planes debatidos en la campaña electoral, tanto republicanos como demócratas, para derrotar al ISIS se han enfocado solo en las cuestiones instrumentales: ¿Qué es lo que funcionará: el bombardeo de saturación, la tortura o hacer que resplandezca la arena en la oscuridad por un ataque nuclear?

Candidatos y periodistas por igual han ignorado lo más importante: si, dada la situación, no están acaso viviendo en un país que se ha concedido a sí mismo un permiso criminal respecto de la cuestión de los crímenes de guerra. El bombardeo de saturación en ciudades, la tortura de prisioneros y la tierra arrasada están contra la ley. Se trata de crímenes graves. El hecho de que ni siquiera los críticos de estos procedimientos sean incapaces de percibir estas acciones como crímenes de guerra sin duda puede atribuirse, al menos en parte a que nadie, excepto algún personal militar de poca importancia o denunciante de la CIA que haya hablado públicamente sobre la agenda de torturas de la Agencia, ha sido procesado en Estados Unidos por la sorprendente serie de delitos cometidos en la llamada ‘guerra contra el terror’.

El presidente Barack Obama dispuso que cuando se trata del posible procesamiento de funcionarios de la CIA por la política estadounidense de torturas, ‘necesitamos mirar hacia delante y no tanto hacia atrás, y que las personas extraordinariamente talentosas que están trabajando muy arduamente para mantener la seguridad de los estadounidenses no sientan de pronto que deben pasar todo el tiempo mirando por encima del hombro y buscarse un abogado… es importante que no seamos mojigatos respecto del duro trabajo que esos muchachos han hecho en el pasado’, dijo refiriéndose a los equipos de torturadores de la CIA.

Al final, el ministro de Justicia Eric Holder, rechazó presentar cargos contra cualquier funcionario de la CIA y cerró los dos únicos procesos abiertos por el departamento de Justicia. Tampoco necesitaron desperdiciar ni un centavo en abogados ninguno de los altos funcionarios responsables del programa de ‘interrogatorios mejorados’, entre ellos el presidente George W. Bush, el vicepresidente Dick Cheney, el secretario de Defensa Donald Rumsfeld y el director de la CIA George Tenet; cada uno de ellos está ahora publicando su autobiografía. O, en el caso de Jay Bybee y John Yoo, autores de los más infames ‘memorándums sobre tortura’ del Departamento de Justicia, están prestando servicio como juez federal u ocupando un bien remunerado puesto en la facultad de Derecho de Universidad de California, Berkeley, respectivamente.

Human Rights Watch (HRW) publicó el 1 de diciembre de 2015 un informe de 153 páginas titulado ‘No más excusas’. En él, la organización hace una detallada relación de los delitos específicos del programa de tortura de la CIA por los cuales una docena de funcionarios de la administración Bush-Cheney deberían haber sido llevados a juicio y procesados.

HRW señalaba que de hecho, esos enjuiciamientos no eran una cuestión discrecional. Debían responder ante la ley internacional, aunque los supuestos criminales hayan gobernado a la última superpotencia del planeta. Por ejemplo, la Convención Contra la Tortura de Naciones Unidas, un tratado clave firmado por Estados Unidos en 1988, durante la presidencia de Ronald Reagan, y ratificado finalmente en 1994, durante la presidencia de Bill Clinton, conmina especialmente a Estados Unidos a tomar ‘medidas legislativas, administrativas, judiciales u otras igualmente efectivas para prevenir el ejercicio de la tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción’.

No importa si se está librando una guerra o si hay descontento interno. La Convención es explícita: ‘No podrá invocarse ninguna circunstancia excepcional para justificar el empleo de la tortura, sea un estado de guerra, una amenaza bélica, una inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública’. Siempre que se utilice la tortura habrá una violación de ese tratado, y eso la convierte en un crimen. Cuando es ejercida contra prisioneros de guerra, también se violan las Convenciones de Ginebra de 1949, por lo tanto se comete un crimen de guerra. No hay excepciones.

Sin embargo, cuando Barack Obama reconoció que ‘torturábamos a algunas personas’, reclamaba una excepción para la tortura estadounidense como una circunstancia atenuante y recordó el miedo generalizado en los días posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001.

El agravante de que la población esté asustada por los posibles terroristas no cambia las cosas. Después de todo, es debido en parte a que la gente hace cosas terribles cuando está asustada que se aprueban leyes totalitarias. Es por eso que la Convención Contra la Tortura dice: ‘No podrá invocarse ninguna circunstancia excepcional’ para excusar semejantes actos.

Cuando Estados Unidos ratifica un tratado pasa a integrar el cuerpo legal estadounidense, según dispone el Artículo VI de su Constitución que declara en sí misma que ‘... todos los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de Estados Unidos, serán la suprema ley del país; los jueces de cada Estado estarán obligados a observarlos, a pesar de cualquier cosa en contrario que se exprese en la propia Constitución o las leyes de cualquier Estado’.

Por lo tanto, aunque de verdad funcione la tortura, continuará siendo ilegal. En el meollo de las Convenciones de La Haya, como también en las leyes y costumbres de la guerra, está presente la crucial distinción entre combatientes y civiles. La destrucción total de una zona poblada con el fin de eliminar a un puñado de militares viola el antiguo e internacionalmente reconocido principio de proporcionalidad.

En otra vergonzosa excepción, Estados Unidos nunca ha ratificado el párrafo agregado en 1977 a las Convenciones de Ginebra que pone específicamente fuera de la ley el bombardeo de saturación. El Protocolo Adicional 1 se refiere concretamente a la protección de los civiles durante las acciones bélicas. Excepto los aliados de Estados Unidos como Turquía e Israel, 174 países han ratificado el Protocolo 1, que convierte explícitamente el bombardeo de saturación en un crimen de guerra.

Si Estados Unidos no ha ratificado el Protocolo 1, ¿significa eso que tiene la libertad de violar sus disposiciones? No necesariamente. Cuando la gran mayoría de los países asumen un acuerdo lo convierten en una ‘ley internacional de usos’, es decir, un conjunto de principios que tienen fuerza de ley, aunque no estén escritos ni ratificados. La Comisión Internacional de la Cruz Roja lleva una lista de esas reglas de uso. Una parte de ellas establece explícitamente que los ‘ataques indiscriminados’, son ciertamente ilegales en el contexto del derecho consuetudinario, que sigue siendo la Ley de la Tierra.

El que parezca no tener fuerza de ley en Estados Unidos la descripción de un posible futuro de crímenes de guerra que pueda enardecer a multitudes frenéticas en esta temporada política representa un notable fracaso, particularmente de la disposición de la administración Obama-Biden de llamar como tal al crimen y actuar en consecuencia. En el ámbito mundial, es más un fracaso del poder que de la ley. Obviamente, procesar por crímenes de guerra a un a un líder o a un autócrata extranjero es muy diferente que llevar a los tribunales a altos funcionarios de la única superpotencia del planeta. Esto se ha hecho mucho más difícil porque durante el gobierno de George W. Bush, Estados Unidos informó al mundo que nunca ratificaría los acuerdos para crear el Tribunal Penal Internacional.

Como es lógico suponer, el informe de HRW desapareció de la vista del público. El texto incluye recomendaciones clave: que se designe un fiscal especial para investigar y llevar a juicio a los responsables de las prácticas de tortura en la CIA y que las víctimas de las torturas estadounidenses tengan garantías de resarcimiento judicial en tribunales de Estados Unidos, algo que fue rechazado ferozmente, pese a que se trata de una exigencia clave de la Convención Contra la Tortura de Naciones Unidas.

Finalmente, el año terminó y la maquinaria del miedo empezó a funcionar otra vez. Los estadounidenses recibieron el recordatorio de que ningún precio es demasiado alto cuando se trata de pagar por su seguridad, claro, en la medida que sean otros quienes paguen. Para la presidencia de Trump se espera más de lo mismo: Estados Unidos convertido en una terrible y aterradora excepción en el cumplimiento de la ley internacional.

(Fuente: http://noficcin.blogspot.com.es/)

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