lunes, 17 de noviembre de 2014

ESPAÑA FINANCIÓ A LA DICTADURA ARGENTINA


Algunos sinvergüenzas se entienden a las mil maravillas.
Archivos secretos revelan que el rey Juan Carlos, banqueros de la talla de los Botín y los principales funcionarios del gobierno de Suárez firmaron acuerdos económicos millonarios con el sangriento régimen argentino.

En mayo de 1976, cuando aún no se habían cumplido dos meses del golpe de Estado en Argentina, los cuerpos policiales que aterrorizaban a los habitantes ya habían gastado un 70% de su presupuesto anual ... y aún quedaba mucha gente por morir. En vísperas de un invierno austral que prometía sangre y dolor, los jefes policiales se vieron obligados a pedir una inyección de 12 millones de dólares. Según los cálculos realizados entonces, las tareas represivas iban a costar, al menos en 1976, unos 400 millones de billetes norteamericanos.

Videla necesitaba dinero fresco, pero antes tenía que encontrar países que quisieran socorrerle. Entonces, aquel general de bigotes y mal genio se acordó de la Madre Patria, que acababa de enterrar al dictador Franco y que empezaba, con muchas dificultades, a experimentar el camino de la democracia. Exactamente al revés que en Argentina, donde las desapariciones se habían convertido en moneda diaria. La comunidad internacional conocía ese extremo, algo que parece no haber importado mucho en Madrid: según consta en una gran cantidad de expedientes hasta hoy secretos, España firmó acuerdos económicos que dieron aire a la maltrecha dictadura y sus terribles tácticas de exterminio.

Una imagen que el dinero español hizo posible
Los archivos que ha sacado a la luz Público.es demuestran que el rey Juan Carlos fue el encargado de facilitar los acuerdos entre la España de la transición y la Argentina de los vuelos de la muerte. El 1 de julio de 1976, el monarca recibió en su despacho al embajador de Videla en Madrid, el general Leandro Enrique Anaya. De acuerdo al informe reservado elaborado por el diplomático, el rey tuvo "expresiones de beneplácito por el éxito con que nuestro Gobierno está afrontando los problemas económicos coyunturales que éste vive", al tiempo que se mostraba muy generoso ante la próxima visita a España del ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, uno de los máximos defensores del ultraliberalismo en Sudamérica.

El ministro Martínez de Hoz llegó a España pocas semanas después de este acuerdo, exactamente un 22 de julio de 1976. Durante su visita, el funcionario pudo moverse con total libertad por los despachos más importantes e influyentes del país, incluidos los de los banqueros Alfonso Escámez y Emilio Botín (padre), de quienes obtuvo generosos préstamos a cambio de restituirles las sucursales expropiadas al Banco Central y al Santander por el gobierno peronista de Héctor Cabrera en 1973.

La visita fue devuelta el 1 de diciembre de 1976, cuando el ministro de Comercio español, José Lladó, visitó Buenos Aires. Las negociaciones con Martínez de la Hoz duraron 72 horas, al término de las cuales ambos ministros rubricaron un documento conjunto. De acuerdo al contenido de esos papeles secretos, ambos estados acordaron "poner en práctica un programa de cooperación económica y financiera" por el cual España vendería a Argentina "bienes de equipo, barcos de características especiales, dragas y otros elementos flotantes, así como equipos de carga y descarga para puertos, locomotoras y demás material ferroviario, y otros equipos y plantas industriales" por un valor global de 290 millones de dólares.


Sólo durante los tres días que duró la visita del ministro español a Buenos Aires —entre el 1 y el 3 de diciembre— desaparecieron más de 100 personas. Los ciudadanos españoles, a pesar del apoyo económico que este país prestaba a la dictadura argentina, tampoco escaparon del horror. De hecho, pocas semanas después de rubricar el pacto financiero con el gobierno de Suárez, los subordinados de Videla no tuvieron ningún inconveniente en secuestrar, torturar y asesinar a un joven gallego que vivía en Buenos Aires. Se llamaba Urbano López Fernández, tenía 28 años, era auditor contable y en pocos meses iba a ser padre por segunda vez. El 31 de diciembre de 1976, mientras algunos brindaban, Urbano era fusilado junto a otros cuatro jóvenes.

La desaparición de este ciudadano español no pareció inquietar demasiado al Gobierno de Suárez, que continuó con los negocios previstos. La colaboración con el régimen de los generales duró hasta el derrumbe de la dictadura, propiciado por la absurda aventura de intentar arrebatar las Islas Malvinas de manos británicas, una peripecia en la que los "milicos" demostraron su incompetencia y cobardía: ya no se trataba de exterminar a ciudadanos indefensos, sino de medirse con un ejército moderno y bien pertrechado. Muchos represores -como el infame Astiz- se rindieron sin llegar a entrar en combate. Justo epílogo para miserables a quienes el Rey fratricida, el mitificado Suárez y los intereses de los mercaderes patrios convirtieron en nuestros más indignos aliados.

(Fuente: Público.es)

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