domingo, 15 de junio de 2014

LAS MULTINACIONALES ESCAPARÁN AL CONTROL POLÍTICO CON EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO U.E.- E.E.U.U.



Mientras los partidos mayoritarios se vuelcan en analizar los resultados de las elecciones europeas, otras formaciones y ONGs intentan levantar las alfombras del poder para poner el foco en asuntos que pasan oportunamente desapercibidos para la opinión pública, pero que marcarán el devenir político, económico y social europeo durante los próximos años.

Es el caso del Tratado de Libre Comercio que negocian la UE y EEUU, en un proceso en el que las multinacionales se niegan a quedar relegadas a un segundo plano.

Varias voces alertan sobre los peligros de la Asociación Transat­lántica para el Comercio y la Inversión -TTIP, por sus siglas en inglés- que las fuerzas neoliberales intentan vender destacando los supuestos beneficios económicos que generará, y eludiendo cualquier mención a los riesgos que conllevará.

Según un documento sobre el TTIP recientemente filtrado, las propuestas actuales dentro del marco del tratado “concederían a gobiernos y empresas extranjeras una mayor oportunidad de influir en la opinión pública, tanto en la UE como en Estados Unidos”.

Esta es la denuncia de grupos como el Observatorio de las Corporaciones Europeas, Ecologistas en Acción y otras fuerzas políticas, que alertan del riesgo medioambiental, sanitario o para la seguridad de los consumidores que supondría rebajar los estándares que regulan la comercialización de bienes y servicios dentro de la UE, condición sine qua non para facilitar las relaciones comerciales.

El mismo grupo afirma que son más de 30.000 las personas que ejercen como lobbistas en Bruselas, y el británico The Guardian aseguraba en un reciente artículo que influyen en un 75% de las normativas europeas.

Para Tom Kucharz, de Ecologistas en Acción, el TTIP es “claramente una amenaza importante que podría afectar a muchos aspectos de nuestra vida diaria”. "Si el 80% de los supuestos beneficios económicos del tratado dependen de la eliminación o armonización de los reglamentos y normas, nos veríamos afectados por recortes sin precedentes en los derechos sociales, laborales y ambientales", denuncia.

Kucharz explica que el documento filtrado -cuya procedencia dice no poder revelar- refleja los planes de la Comisión Europea de “cambiar fundamentalmente la forma en que se adoptarán en el futuro los reglamentos y directivas europeas para proteger a consumidores, trabajadores y el medio ambiente”.


De hecho, el ecologista defiende que los grupos de presión empresariales a ambos lados del Atlántico intentan “aprovechar al máximo la desregulación de las normas alimentarias y de seguridad de los productos”. “Si lo logran, la futura toma de decisiones se hará aún más antidemocrática, escapando al escrutinio democrático y colaborando abiertamente con el lobby empresarial”, vaticina.

“Efectivamente, ha habido diferentes informaciones acerca de las presiones que las grandes empresas transnacionales, buena parte de ellas estadounidenses, estarían haciendo para que el resultado de las negociaciones les fuera lo más propicio posible”, asegura Ricardo Sixto, diputado de Izquierda Unida. “Al final, esas empresas y sus grupos de presión consiguen que se desarrollen marcos legales que acaban beneficiando a esas compañías privadas, en detrimento y en perjuicio de los derechos de los ciudadanos”, denuncia el parlamentario.

Esto, por no hablar del protocolo ideado para “proteger” las inversiones. EEUU y la UE discuten la incorporación de un mecanismo que, en palabras de Kucharz, permitirá a las grandes compañías reclamar indemnizaciones ante tribunales de arbitraje a los estados, si consideran que sus beneficios económicos o sus expectativas de ganancias futuras se ven afectados por leyes o políticas en un país en el que han invertido. Es decir: “Si no ganan lo que quieren, pueden demandar en tribunales privados al Estado en el que han invertido”, lamenta el ecologista, muy crítico con los “superderechos” que reciben estas organizaciones, “por encima de la soberanía de los Gobiernos y parlamentos”, como ha ocurrido con países como México o Costa Rica tras la firma de este tipo de tratados con EEUU.

Sixto también ve el mecanismo de solución de controversias como uno de los puntos más preocupantes en las negociaciones, ya que “permite a los inversores extranjeros eludir a los tribunales nacionales y presentar sus quejas directamente a los tribunales internacionales de arbitraje, a menudo compuestos por abogados de las mismas empresas. Se trata de un privilegio para las empresas más poderosas inconcebible e injustificable entre dos sujetos políticos con tribunales de justicia desarrollados y plenamente operativos”, defiende. A su juicio, una mejor solución sería dejar que los tribunales y el derecho de cada Estado resuelvan las disputas con las empresas que operen en esos países. “Lo que no se puede hacer, en ningún caso, es debilitar el poder legislativo de los Estados miembro para favorecer los intereses y beneficios de esas multinacionales”.

Alejandro López de Miguel
(Fuente: LibreRed)

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