miércoles, 5 de febrero de 2014

LA OLIGARQUÍA FINANCIERA CATALANA SE FROTA LAS MANOS ANTE EL REFERÉNDUM


Oficialmente, las grandes fortunas catalanas son neutrales sobre el tema del independentismo, exceptuando algunos casos. La élite catalana no se moja de cara a la galería. Ni a favor ni en contra de la independencia, aunque en el plano privado echan pestes de una u otra opción. Pero si se trata de tocar negocio, nadie hace ascos a lo que venga.

El dinero no tiene color, olor ni dueño: es del primero que se lo encuentre. Y los capitales inversionistas se han encontrado ahora con que hay un cierto margen de negocio en determinadas iniciativas políticas que, aunque sean contrarias a sus intereses ideológicos, benefician ostensiblemente a su bolsillo.

La historia de un sistema de votación es la prueba más factible de ello. El Gobierno catalán contrató el año pasado a una compañía privada el servicio de contabilización de voto electrónico. ¿Se debe a la eventualidad de que pudiese hacer un referéndum independentista? Algunas fuentes aseguran que sí. El Gobierno lo niega.

En concreto, existe un contrato del 2013, poco después de que Convergència i Unió (CiU) pactase un acuerdo de gobierno con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para desarrollar el sistema de voto electrónico. ¿Casualidad? Oficialmente, sí. Pero la sucesión de eventualidades restan credibilidad a dicha casualidad. El acuerdo entre CiU y ERC tuvo lugar en diciembre del 2012. Pues bien, apenas dos meses después, el 28 de febrero del 2013,la Generalitat firmó un contrato con la empresa Scytl para los “desarrollos para la reactivación del servicio de Sistema de Gestión Electoral (SGE) del Área de Procesos Electorales del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales”.

“Se trata de un contrato para introducir pequeñas mejoras en el sistema, que solemos realizar anualmente. Es lo que solemos llamar un contrato de mantenimiento destinado a garantizar la gestión normal de la electrónica. No está pensado para el referéndum”, afirman fuentes del Gobierno catalán.

Llama la atención el beneficiario de la adjudicación. En realidad, se trata de una serie de familias bien de Cataluña. De las de fuertes raíces nacionalistas. De soca-rel, como se dice en catalán. De cuajo, de raíces profundas. Algunas, agrupadas en torno al fondo de inversiones Nauta. “Son unos sesenta inversionistas que diversifican su riesgo, que arriesgan su dinero en proyectos con futuro”, dice una fuente de este fondo.

Esta fuente detalla que Nauta tiene unas 15 oficinas abiertas en el planeta y que participa en unas 200 elecciones al año diseminadas por todos los países del mundo. La cabeza más visible de este conglomerado es el actual CEO del Manchester, Ferran Soriano, que con anterioridad había sido vicepresidente del FC Barcelona y presidente de Spanair. Y también está su socio Marc Ingla, que fue directivo del Barça y que perdió la presidencia al enfrentarse al ya dimitido Sandro Rosell. Además, algunas fuentes apuntan hacia algún político convergente de peso que tiene grandes intereses en Nauta y que aseguran que es íntimo amigo de Soriano.

Pero hay más empresarios ilustres. Para empezar, la familia García-Nieto, uno de cuyos integrantes, Borja García-Nieto, preside el Círculo Ecuestre, saca también tajada del referéndum. Es cierto que el presidente del Ecuestre se decantó el pasado 1 de enero por un entendimiento con el Estado en un artículo publicado en La Vanguardia muy criticado en círculos independentistas y gubernamentales. Afirmaba, por ejemplo, que Cataluña no perdió ninguna guerra, que siempre participó en todas dividida en los bandos bélicos y que cuenta en estos momentos con “un nivel de autogobierno como nunca tuvo”.

Borja García-Nieto fue denigrado, insultado y vapuleado por radicales independentistas debido a estos comentarios. Pero, por si llega la ocasión, incluso sacará beneficio de la independencia. Al menos, cobrará por los votos emitidos, aunque sea de sus más acérrimos detractores.

Porque los García-Nieto participan en la empresa Scytl a través de su empresa bandera, Spinnaker Invest, que gestiona el despacho García-Rivas. Curiosamente, esta empresa que quiere participar en el sistema electoral catalán –y, consecuentemente, en el recuento del voto de un referéndum independentista si se llega a producir– tiene también una significativa inversión en la cadena de televisión 13TV, de la COPE, radicalmente contraria al proceso soberanista. Paradojas de la vida. Y de los negocios.

Scytl, según algunas fuentes consultadas por este diario, se adjudicó el contrato de recuento de voto en las elecciones europeas de la próxima primavera por 2,5 millones de euros. Su tecnología ENR (Election Night Reporting) se emplea para conocer al minuto los resultados y proyectar distribución de escaños. En el referéndum catalán, sin embargo, lo que se pretende es permitir el voto electrónico durante una semana.

Curiosidades

El monto del contrato se eleva a casi 120.000 euros, que con el IVA se disparan hasta los 145.000. Pero llaman la atención varias cosas: primero, que el sistema electoral español no permite el voto electrónico, por lo que resultaría inútil pagar por un método que, jurídicamente hablando, es ilegal a todas luces. O se cambia la legislación o la tecnología pagada no se puede utilizar.

Lo que ha habido es una concesión gratuita de Artur Mas a ERC para convencerla de que la prometida convocatoria de un referéndum iba en serio y de que comenzaba a poner en marcha los mecanismos para llevar a cabo esa consulta”, indica una fuente empresarial. Desde la Generalitat, se niega esa afirmación. “No se ha firmado ningún contrato pensando en la consulta”, subrayan.

En segundo lugar, que el contrato se realizó por el procedimiento de “negociado sin publicidad”, lo que significa que fue concedido a dedo. Para este tipo de contratos, que normalmente suelen ser de montos reducidos, sólo se requieren tres ofertas y luego queda al libre albedrío de quien lo concede el que vaya a una empresa u otra, siempre y cuando lo justifique técnica o políticamente. Pero en un tema de esta envergadura sólo se concibe una adjudicación así mediante un concurso público, tanto por las características del contrato como por el dinero que se destina al mismo. La Generalitat no hizo ni una cosa ni la otra y prefirió ir a lo más práctico, que es conceder el contrato a una empresa determinada. Lo malo es que, de esta manera, se granjea enemigos incluso dentro de las propias filas del Gobierno y del partido que lo sustenta.

(Fuente: http://www.elconfidencial.com/)

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