miércoles, 2 de octubre de 2013

EL GOBIERNO ESPAÑOL NO QUIERE TESTIGOS DE CÓMO REPRIME LAS PROTESTAS CIUDADANAS


El pasado dia 27 de septiembre el gobierno español "invitó" a abandonar el país a una delegación de la OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación Europea) que había llegado a España para evaluar el derecho de reunión y manifestación en nuestro país con motivo de la marcha ciudadana convocada el dia 28 bajo el lema "Jaque al rey".



Los seis observadores, entre los que está el subdirector de Derechos Humanos de la OSCE, Omar Fisher, pretendían reunirse con representantes de los ministerios de Exteriores e Interior, con la Defensora del Pueblo, la Delegación del Gobierno y los convocantes del Jaque al rey.

El propósito era evaluar la situación del derecho a la libertad de reunión después de las últimas (y violentas) actuaciones policiales durante protestas de este tipo. Fisher llegó ayer a la capital acompañado de Irina Urumova, asesora en derechos humanos de la institución y otros cuatro expertos: Aleksandra Dloubak, Bartlomiej Lipinski, Marcin Jezulin y Yevgenia Aretisova.

La auténtica "marca España". Los
antidisturbios, al parecer, sí pueden
ejercer la violencia de género.
Esa mañana todos fueron citados en la cafetería del Ministerio de Asuntos Exteriores por el responsable del Ministerio en las relaciones con la OSCE, Juan Armando-Andrada Vanderwilde Parada, quien les comunicó que el Gobierno considera la manifestación como un acto anticonstitucional y que por esta razón "lo mejor era que se fueran de España".

Pasadas las nueve de la noche del mismo dia 27, la OSCE publicaba en su web una nota en la que mostraba su decepción por la decisión de las autoridades españolas. "Como cualquier miembro de la OSCE, España se ha comprometido a garantizar el derecho de reunión y el trabajo de los observadores es crítico para asegurar que se respeta la libertad", declaró el director de la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos, Janez Lenarčič, para quien resulta "sorprendente este giro radical".

En cambio no resulta sorprendente para quienes llevamos los últimos meses asistiendo al vuelco totalitario de un gobierno que ya no se esfuerza en disimular su vocación de represor de derechos constitucionalmente protegidos, y que no quiere testigos molestos. Este país cada vez se parece más al Chile de Pinochet.


"La autoridad gubernativa protegerá las reuniones y manifestaciones frente a quienes trataren de impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio de este derecho."

(Artículo 3 Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión).

(Fuente: http://www.publico.es/)

No hay comentarios:

Publicar un comentario