sábado, 13 de julio de 2013

¿SOMOS TODOS IGUALES ANTE LA LEY?



Formalmente vivimos en democracia: cada cuatro años una casta cerrada detentadora de privilegios medievales nos permite decidir qué caras vamos a ver con mayor asiduidad en los medios de comunicación, aunque no decidamos qué tipo de gestión administrativa van a realizar. Eso ya les viene dictado por la banca, las eléctricas, la oligarquía financiera y los intereses de las potencias económicas que se sirven de la U.E. para su exclusivo interés. Si a un legislador o un gobernante de la Grecia clásica -los que patentaron el invento-, pongamos por caso un Solón o un Pericles, se le dijera que a esto se le llama igual que al sistema que ellos disfrutaron se reiría sarcásticamente.

El sistema actual es una oligarquía de parásitos consentida por una ciudadanía acrítica, aborregada y sonámbula.

Hoy quiero detenerme en uno de tantos indicadores de que lo que padecemos los españolitos no es una democracia ni por asomo: la figura legal del aforamiento, por la que una pléyade de impúdicos gobernantes se autoexcluye de responder ante la justicia ordinaria, y que en España beneficia a un número poco menos que incalculable de personajillos "blindados".

España es en estos momentos la democracia con mayor número de aforados del mundo. Se calcula que en la actualidad hay 10.000 ciudadanos con una protección jurídica especial, aunque otras estimaciones elevan esa cifra hasta las 250.000 personas, un volumen que genera enormes disfunciones en el sistema judicial y que ampara privilegios con difícil encaje en una Constitución que en su artículo 14 proclama que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

La propia Constitución, en su artículo 71, establece que los diputados y senadores estarán sometidos por una jurisdicción especial y que no podrán ser acusados formalmente sin el permiso (suplicatorio) de la cámara correspondiente. Asimismo, el artículo 102 de la Carta Magna extiende la protección al presidente y al resto de miembros del Ejecutivo. Y la Ley Orgánica del Poder Judicial también estipula el aforamiento para los magistrados de los órganos superiores de Justicia, fiscales, miembros del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Completa la nómina nacional el Rey, único miembro de la Casa Real no ya con aforamiento, sino con el privilegio feudal de la absoluta irresponsabilidad jurídica.

Sin embargo, la legislación atribuye a los estatutos de autonomía la capacidad de extender esta protección a los cargos de sus instituciones, potestad que todas las normas autonómicas han aprovechado. En su mayoría, han ampliado el aforamiento a los diputados y a los miembros de los ejecutivos regionales, pero en algunos casos también se ha ampliado esta ventaja procesal a los defensores del pueblo regionales y a sus adjuntos, a los diputados provinciales e incluso a los funcionarios de las policías autonómicas. El resultado es un número estratosférico de aforados que sitúa a España a la cabeza del mundo en esta particular clasificación.

Esta desmesura "tumoral" contrasta con los casos del Reino Unido y Alemania, donde no existe esta figura procesal, pese a que nació en Inglaterra. En Francia se limita al presidente de la República y a los miembros del Gobierno. Y en Italia y Portugal sólo disfrutan de estas garantías los presidentes de la República.

El catedrático de derecho procesal Juan Luis Gómez Colomer cree que “la inmunidad que concede España a sus parlamentarios y autoridades es exacerbada y exagerada”. “Si queremos ser un país moderno y plenamente respetuoso con el principio de igualdad y el derecho al libre acceso a los tribunales de Justicia, el aforamiento debe desaparecer; pero ello no ocurrirá en España, al menos de momento, porque quienes tienen que aprobar la ley que suprima los aforamientos son los mejor aforados hoy".

(Fuente: http://www.elconfidencial.com/)


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