viernes, 28 de junio de 2013

EL CASO ALCÀSSER SITUARÍA AL ESTADO ENTRE LA ESPADA Y LA PARED (1ª parte)




La continua espiral de distracciones e intrigas que envuelve a la desaparición de la niña sevillana Marta del Castillo ha elevado la mirada de los españoles hacia atrás en el tiempo reparando en el grueso número de casos parejos acaecidos en las últimas décadas. No fue el primer caso, pero el secuestro, violación, tortura y asesinato de las niñas Miriam, Toñi y Desirée en 1992, en la localidad valenciana de Alcàsser o Alcácer, supuso el inicio de la evidencia de que en España, hechos de esta naturaleza, pueden convertirse en Asuntos de Estado.

El viernes 13 de noviembre de 1992 las niñas de 14 y 15 años, Míriam García Iborra, Antonia Gómez Rodríguez y María Deseada Hernández Folch, salieron en torno a las siete de la tarde de sus casas y no se supo más de ellas hasta que sus cuerpos sin vida aparecieron setenta y cinco días después en un paraje conocido como La Romana; semienterradas en una fosa que las investigaciones independientes apuntan como un segundo lugar de enterramiento.

Este año se cumplen 20 de la aparición de los cadáveres de las niñas en 1993. El Consejo de Ministros del pasado mes de mayo de 2013 rechazó conceder el indulto a uno de los padres de las niñas de Alcàsser, Fernando García. El actual gobierno del Partido Popular concedió 501 indultos en 2012. Y el anterior gobierno, 301 en 2011 y 404 en 2010.

Tanto Fernando García, padre de Miriam, como Juan Ignacio Blanco, el investigador que ha sacrificado 20 años de su vida, un auténtico calvario, en la búsqueda de la verdad de este caso, fueron condenados por la Audiencia de Valencia por un delito continuado de calumnias por sus declaraciones en el programa de televisión "Jui d´Alcàsser" de Canal 9.

Fernando García, padre de Miriam, fue condenado a una pena de un año y tres meses de cárcel y Juan Ignacio Blanco a seis meses aunque el Fiscal Jefe de Valencia pedía para Juan Ignacio 48 años de cárcel. Finalmente ha sido condenado por la frase "el fiscal Beltrán lo que tenía que hacer es trabajar más".

Juan Ignacio Blanco, periodista criminólogo, escribió un libro en 1998 titulado ¿Qué pasó en Alcácer?. Sin embargo una sentencia judicial en el año 2000 decretada por un juez, ordenaba que el libro quedara secuestrado de por vida.

Dos líneas de investigación diferenciadas no tardaron en distanciarse: la oficial y la independiente. La primera concluyó con el juicio y condena de dos personas de las que una fue encarcelada y la otra permanece en paradero desconocido. En las autopsias de los cuerpos aparecieron una serie de vellos púbicos no pertenecientes a los autores condenados y correspondientes a un mínimo de cinco individuos diferentes, ampliable a siete. Esto supuso la apertura en 1997 de una pieza separada del sumario al objeto de investigar la participación de otros autores; investigación que sin embargo no se ha realizado.

De las investigaciones independientes básicamente se desprende que toda la versión oficial es completamente falsa y un perfecto montaje de Estado para ocultar, desviar y concluir un asunto oscuro y escabroso por sus implicaciones.

(Fuente: http://www.alazul.com/)

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