lunes, 14 de enero de 2013

LA LEY MARÍTIMA Y EL CIUDADANO COMO CORPORACIÓN (1ª parte)


La Ley Marítima es una ley privada internacional que rige, por acuerdo explícito entre las naciones, el comercio operado en los mares. Esta ley, aplicada en un principio exclusivamente a los navíos y su carga, ha sido progresivamente implantada en las cortes de justicia ordinaria mediante una secreta manipulación del lenguaje. Licencias, permisos y otros documentos que se aplican a los vehículos a motor, a los caminos públicos, la construcción de casas o el establecimiento de comercios; toda nuestra estructura de creencias está directamente relacionada con la Ley Marítima.

En su origen, esta ley fue creada para controlar los navíos que atracaban en puerto en busca de recursos para importar y exportar. Es decir, su función era dilucidar asuntos financieros y mercantiles, no civiles. Cuando un producto sale de un barco y entra en tierra extranjera, el gobierno lo reconoce con un certificado que constata la fecha de "nacimiento" del producto en custodia de la nación respectiva. Hoy día, ese mismo certificado se extiende a los seres humanos. ¿Por qué los seres humanos requieren un certificado de nacimiento? ¿No basta con que estén vivos?

La razón es simple: un certificado es un documento que establece una declaración de propiedad. Así pues, cada "certificado de nacimiento" establece una propiedad. Al igual que los certificados de matrimonio, son recibos legales de una propiedad del Estado.

El proceso de extrapolación de la Ley Marítima a las cortes civiles se originó cuando el 9 de marzo de 1933 los Estados Unidos se declararon en bancarrota a consecuencia de la crisis nacida en 1929. Sin dinero para pagar a los bancos privados, desde ese momento el gobierno comenzó a tomar préstamos de una entidad privada, la Reserva Federal, utilizando a sus ciudadanos como contravalor, o propiedad de respaldo, una mercancía que es certificada mediante documentos análogos a los documentos de carga de las bodegas de los barcos: los certificados de nacimiento, matrimonio, desaparición, defunción, etc. Todos llevan en su registro la fecha de expedición, un número de serie, un número de registro o de recibo, la descripción del producto y su estado, y una firma autorizada del informante, que notifica a la institución pertinente. Ese mismo registro que el gobierno mundial quiere imponernos con el microchip, un modo más de marcar a su ganado.

De esta manera, la Ley Marítima modificó el significado de la palabra "persona" de un "ser natural y viviente" a una "corporación". Permisos, impuestos, seguros, multas de tráfico, y todos los demás documentos oficiales sólo se deberían aplicar a personas-corporaciones. Por el contrario, cuando se firma cualquiera de estos documentos se está asumiendo la Ley Marítima, cediendo nuestros derechos naturales de nacimiento. La persona, así, se rebaja al estatuto de una corporación que se crea con su mismo nombre. La única manera de distinguir ambos es que no figure en mayúsculas. "Capitis Diminutio Maxima", pues toda esta falsificación se escribe con mayúsculas. La corporación es una persona artificial, mientras que tú eres una persona natural.

Este engaño es mucho más patente de lo que uno pensaría: cuando uno ve un juicio en Estados Unidos, observa que los testigos están detrás de una barrera de madera, mientras que el abogado defensor debe atravesar esa barrera para entrar a la Corte propiamente dicha, donde el demandante y el juzgado están sentados. Este acto simboliza ni más ni menos que el abordaje de un navío. Desde ese momento, todo lo que acontezca en ese litigio se rige por la Ley Marítima. El juez actúa como un capitán o un banquero, y es responsable del equilibrio entre las dos partes. Por eso siempre hay dinero envuelto en los juicios; el capitán-juez está lidiando con un asunto puramente comercial. Una vez que el montante se paga, el caso se cierra.

Para evitar ser tratado así, hay que negar nuestro asentimiento a "ser una persona artificial", declarando que uno es una persona natural. La Ley Marítima sustituye a la ley civil sólo si la gente acepta someterse a ella.

(Fuente: Rafael Palacios, "Cómo nos robaron la salud, el dinero, el amor ... y el tiempo", Mandala Ediciones, Madrid, 2010)

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