martes, 17 de julio de 2012

LA POLÍTICA ECONÓMICA DEL P.P. PODRÍA SER CAUSA DE IMPUGNACIÓN DE LAS ÚLTIMAS ELECCIONES GENERALES


En España se pueden impugnar unas elecciones en caso aplicarse el concepto de “fraude electoral”, como consecuencia de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en sus sentencias 24/1990 y 25/1990, (recursos referidos al art. 113 de la LOREG, conforme a la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 8/1991, de 13 de marzo).

En otras palabras, cuando un Partido incumple las propuestas de su programa, se puede considerar que ha ganado las elecciones mediante “propaganda maliciosa”, es decir, que ha prometido acometer medidas que se sabían inaplicables, a la vez que ha ocultado sus verdaderas intenciones al electorado. En la legislación española (como en la de cualquier estado de derecho), el engaño con beneficio para quien lo ejerce es un delito, y quien lo comete incurre en fraude de ley.

El actual gobierno ha incurrido en dicho supuesto penal en tantas ocasiones que por poner un simple ejemplo, podemos pensar en la impopular subida del IVA, después de haber hecho una campaña histórica contra la misma -de "disparate" la calificó Rajoy en plena campaña electoral, adjetivo similar a los que utilizó para el copago sanitario, el abaratamiento del despido, el rescate a los bancos, la supresión de la deducción por vivienda, la amnistía fiscal y tantas otras medidas que el mentiroso gobierno que padecemos ha adoptado.

(Fuente: http://libertadparalahumanidad.wordpress.com/2012/07/15/movimientos-sociales-de-toda-espana-pretenden-ocupar-el-congreso-el-25-de-septiembre)

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