domingo, 17 de junio de 2012

ACERCA DEL CONCEPTO DE "DEUDA ODIOSA" (1ª parte)


En el derecho internacional se entiende por “deuda odiosa” (odious debt) aquella deuda que habiendo sido contraída por los estados bajo determinadas condiciones, los ciudadanos pueden declarar su nulidad y por tanto no pagarla.

La intención de este concepto jurídico es evitar que ningún pueblo debe ser condenado de por vida, cediendo sus derechos mínimos esenciales en virtud de un contrato de crédito del que no tuvo conocimiento y que nunca le benefició.

La pertinencia de aplicar esta noción a la situación actual es tal que el Banco Mundial, acuciado por la prisa y el nerviosismo, emitió en 2007 un informe en el que pone en tela de juicio esta doctrina, por vaga (resulta realmente curioso que una organización económica se meta a opinar en materia de Derecho Internacional, algo en lo que no es competente, aunque delata a la perfección el deseo de los banqueros de imponer leyes a su medida).

La formulación y teorización del concepto de deuda odiosa es de 1927, pero antes de esa fecha se había puesto en práctica en infinidad de ocasiones (Costa Rica, Polonia, etc). La que más afectó a España fue cuando el gobierno de los Estados Unidos declaró nula la deuda española de Cuba, al finalizar la guerra en 1898.  Posteriormente hay decenas de ejemplos en los que se ha usado este derecho, al que evidentemente se opone el acreedor. Los ejemplos más recientes son Alemania, tras la segunda guerra mundial, con una quita del 50%, Ecuador, Paraguay, Filipinas y el intento fallido de Estados Unidos de declarar odiosa la deuda de Iraq. El Banco Mundial convenció al entonces presidente americano del peligroso precedente que esta declaración iba a constituir. Finalmente no se hizo.

Las condiciones se deben dar para declarar deuda odiosa son:

1) Que las deudas las haya contraído un estado que no observe los derechos fundamentales de las personas -régimen dictatorial, despótico, colonial, etc.-  con el objetivo de reforzar y ampliar su poder.

2) Que hayan sido contraídas en contra de los intereses de los ciudadanos, mediante ocultación ó en interés exclusivo de sus gobiernos o grupos ligados al mismo.

3) Que los acreedores conozcan o hayan tenido posibilidades de conocer el destino y/o los riesgos de la concesión del crédito.

Antonio Escolar

(Fuente: http://www.circulodeeconomia.es/)

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