lunes, 14 de mayo de 2012

DENUNCIAN AL REY POR COHECHO IMPROPIO POR SU CACERÍA EN BOTSWANA


Parece que el elefante al que Su Majestad asesinó -si a alguien le molestá el verbo usado, el resto de la entrada le va a producir urticaria- en el sur de Africa va a ser el primer inocente muerto a manos del Rey en ser vengado, derecho del que no disfrutaron ni el oso "Mitrofán", ni el guepardo de la foto, ni los bisontes abatidos en Polonia, los lobos que gozaron de idéntico "privilegio real" en Rumanía, su propio hermano Alfonso, etc., etc., etc.


El hecho es que en base a la "doctrina Camps" -ese "servidor público" tan deseoso de desempeñar impecablemente su cargo que no se podía resistir al regalo de unos trajes que lucían tan coquetos ante el tribunal- una asociación ha presentado ante los tribunales una denuncia por haber aceptado el monarca un safari pagado -al parecer- por el empresario sirio-saudí Mohamed Eyad Kayali.

El escrito, presentado ante la Fiscalía del Estado, ha sido redactado por el letrado José Luis Escobar y promovido por el Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional (MCRC), y se basa en cómo la conducta de don Juan Carlos parece haber incurrido en un presunto delito de cohecho pasivo impropio. ¿Impropio de los Borbones?, ..., bueno, al menos impropio de una autoridad.

Se produce este delito cuando una autoridad, en provecho propio, admite "dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su cargo", según el artículo 422 del Código Penal.

La llamada "doctrina Camps" del Tribunal Supremo establece que hay delito si la entrega y aceptación de un obsequio se vincula con la "especial condición y poder" que reviste el cargo público desempeñado por el receptor, sin necesidad siquiera de que exista contraprestación recíproca por parte de éste (en ese caso hablaríamos de "cohecho activo").

Habida cuenta de la intachable coherencia del monarca (ya sabe el lector, la fidelidad demostrada a la línea sucesoria borbónica; al juramento a los principios del Movimiento Nacional que hizo para poder ser el relevo del que inauguraba pantanos; a su amada y nunca traicionada esposa; a su compromiso de defender la españolidad del Sáhara; a sus colaboradores en el alto mando del Ejército Español el 23-F; etc., y no sigo porque me está entrando la risa floja), es de suponer que se mostrará entusiasmado por poder demostrar que, como dice el artículo 14 de la Constitución, y nos predicaba con clerical dicción la pasada Nochebuena, "todos somos iguales ante la ley".

Vamos, que solo a un malpensado se le ocurriría suponer que va a parapetarse detrás del artículo 56.3 de la Carta Magna, ése que le autoriza a delinquir sin que nadie le vaya a molestar por ello. Recuerdo a los desinformados: "La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad". La inviolabilidad no viene al caso, porque nadie ha propuesto sodomizarle, pero pensar que el Rey va a acogerse a su constitucional irresponsabilidad sería un tanto contraproducente.

Y por cierto, si "todos los españoles son iguales ante la ley", ¿me podría acoger yo también a la irresponsabilidad de que goza el Rey? Porque si la respuesta es negativa, en rotunda y aristotélica lógica solo cabe concluir que el Rey no es español.

Quizá la iniciativa legal más adecuada hubiera sido entonces aplicarle la Ley de Estranjería.

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