martes, 6 de marzo de 2012

EL JUEZ RENUNCIA A TOMAR DECLARACIÓN A LA INFANTA CRISTINA PARA NO "ESTIGMATIZARLA"

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A la hora de la verdad los españolitos de a pie vamos viendo en qué queda la admonición real efectuada la pasada nochebuena en el discurso más rancio y previsible efectuado por el monarca desde que decidió que soltarnos una ristra de banalidades cada año nos haría aún más entrañables las fiestas: "La justicia es igual para todos". Así, sin anestesia y por boca del único español al que la Constitución le reconoce el derecho a delinquir cuanto y como le plazca.

Pues para cierta vocal de la Junta Directiva del Instituto Nóos que presidía Urdangarín (empresa "sin ánimo de lucro" que en apenas tres años amasó 17 millones de euros mediante argucias varias) parece que no es igual que para el centenar largo de testigos -estigmatizados todos- citados en la investigación del caso. Para el juez José Castro citar a dicha miembro de la directiva "solo conduciría a estigmatizarla gratuitamente". Un pequeño detalle: el nombre de la individua en cuestión es Cristina Federica Victoria Antonia de la Santísima Trinidad de Borbón y Grecia ("sin pecado concebida", añado yo, visto que en ella la presunción de inocencia se troca en presunción de santidad). Seguramente podría aclarar muchas cosas sobre los milloncejos trincados, más que nada porque una parte importante de los mismos se los gastó ella directamente, y otra fue para pagar su palacete conyugal y reformas necesarias varias. Pero, oh, detalle, no es cuestión de estigmatizarla gratuitamente. Los Borbones, comisionistas avezados, no suelen hacer muchas cosas gratuítamente, pero no es este el "quid" de la cuestión. De lo que quieren librar a esta chiquilla enamorada es de colaborar con la justicia, actividad que, al parecer, estigmatiza más que las visiones de Santa Teresa.

"Estigmatizar" (según el diccionario de la R.A.E., vigesimosegunda edición): Marcar a alguien con hierro candente; imprimir milagrosamente a alguien las llagas de Cristo; afrentar, infamar.

Dado que no parece que de lo que el juez quiere librar a la Infanta es de ser marcada con hierro candente, procedimiento dolorosísimo que no consta que aguarde a los demás testigos, y que tampoco ha acreditado el magistrado don milagrero alguno que le permita convertir a nadie en émulo del Padre Pío, al hacer que le aparezcan en las manos y en los pies las marcas de los clavos de Cristo (y entiendo que a Santa Cristina de Borbón le horrorice dicha posibilidad, ¡agujeros en las manos, por los que podrían írsele dólares, euros y yuanes como por un coladero, qué horror!), solo cabe deducir que el que la Justicia de a alguien la oportunidad de defenderse con testigos y garantías resulta, a ojos del magistrado, infamante y afrentoso.

Los argumentos que utiliza el juez, y que tomo de la reseña de su auto en el diario "El Mundo", son dignos de serio estudio lingüístico-(para)psicológico: "el solo hecho de participar en un ente asociativo sin ejercer en el mismo funciones ejecutivas no genera para el simple partícipe responsabilidad criminal por los hipotéticos delitos que pudieran cometer sus directivos -como ella era- en el ejercicio de sus facultades de dirección ... (que fuera miembro de la junta directiva de Nóos) sólo podría hacerle contraer responsabilidad penal en razón de las decisiones supuestamente delictivas adoptadas en su seno" (supongo que se refiere al seno de la empresa, no de la infanta).

Vamos, que extrapolando esta argumentación a la pertenencia a banda armada, si no se prueba que hayas tomado parte en decisiones delictivas podrías considerarte más limpio que la patena.

Respecto a las declaraciones de algunos empleados de servicio que afirman que en una reunión a la que asistió la infanta se les ofreció cobrar en negro (entiéndase, dinero no declarado, la esclavitud ya fue abolida), el juez considera el asunto -que apesta, la verdad- como una mera "infracción laboral". Cobrar en negro, qué minucia.

Y en cuanto a la empresa Aizóon (que manía con poner nombre a las empresas con "o" doble), de la que eran únicos partícipes la chiquilla y su apolíneo marido, toda presunción de culpabilidad recae en la parte masculina de la empresa, faltaría más (en aplicación del viejo principio jurídico feudal que afirma que el delincuente siempre es el plebeyo).

Tampoco está llamado a declarar el asesor real José Manuel Romero Moreno, quien ordenó a Urdangarín en su día -y no por iniciativa propia, obviamente- que dejase sus negocios. ¿Quién estaba detrás, encubriendo un presunto delito?

(Pista: es muy importante en el ajedrez)

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