lunes, 20 de febrero de 2012

LA CARA OCULTA DE LA TRANSICIÓN: EL ASESINATO DE CARRERO BLANCO Y EL 23-F (2)

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Fundada en 1973 por David Rockefeller, la Comisión Trilateral tiene como fin declarado convertirse en “un consejo consultivo de alto nivel para la cooperación global”. Cuenta apenas con 300 miembros, todos ricos, poderosos e influyentes. Según el premio Nobel de la Paz y ex ministro de Asuntos Exteriores de Irlanda Sean MacBride, bajo esta fachada aparentemente respetable se oculta un potente grupo de presión con capacidad para controlar de facto a gobiernos enteros. Se denomina “trilateral” porque sus socios pertenecen a la élite del poder de América del Norte, Europa y Japón, teniendo sus oficinas principales en Nueva York, París y Tokio. Su ideología es clara como el agua: libremercado, libremercado y libremercado, en este orden. En la actualidad, sus planteamientos se han "dulcificado" un poco debido al desmoronamiento del bloque comunista, su principal enemigo, si bien el grupo no ha perdido un ápice de su poder e influencia (Nota del blog: de hecho, a este grupo pertenecen los actuales primeros ministros de Grecia e Italia, Lucas Papademos y Mario Monti, colocados en el poder mediante un disimulado golpe de Estado).

¿Cuál es la razón de traer a colación en este contexto a tan poderosa sociedad? En Mayo de 1975 la Comisión Trilateral celebraba una reunión en la que, entre otros muchos temas, se habló sobre la situación española y los caminos que tendría que tomar la democracia en España. Las directrices que se trazaron en aquella reunión fueron una de las fuerzas que dieron forma a la Constitución española de 1978, uno de cuyos padres, Miguel Herrero de Miñón, es miembro de la Comisión. Tales directrices, encaminadas a la inclusión de España en la OTAN y la Comunidad Económica Europea, se encontrarían en el origen de la presencia en el texto constitucional español de artículos como el 93 ("Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución") o el 96, que reservan la eventual cesión de parcelas de la soberanía nacional a organizaciones supranacionales que permiten a un gobierno que cuente con mayoría suficiente firmar cualquier clase de tratado con cualquier potencia o país extranjero sin que nadie pueda impedirlo legítimamente y sin que pueda ser derogado por un gobierno posterior .

Tal circunstancia es algo inédito en el seno de las constituciones europeas, y más aún si lo comparamos con la legislación de Estados Unidos, que permite la anulación de cualquier tratado mediante una decisión legislativa posterior. Esta ligereza y poco celo de nuestra Carta Magna a la hora de proteger la soberanía nacional se hace especialmente notable en lo que se refiere a los aspectos económicos. En efecto, en el artículo 94 se recoge una serie de casos en los que se requiere necesariamente la autorización de las Cortes antes de firmar un tratado internacional. Pues bien, los tratados de carácter económico o comercial están exentos de ese trámite, dejando al gobierno las manos libres en esta materia.

Democracia, ¿para qué?

Ya que hemos traído a colación el tema de la Constitución, el artículo 8.1212 establece la figura del Ejército como garante del orden constitucional, lo cual abre la puerta, siempre sujeta a interpretación, a la intervención de las Fuerzas Armadas ante situaciones de crisis. La creciente escalada de tensión en la vida política desde mediados de 1980, centrada en la ofensiva de los socialistas contra el presidente Suárez, las luchas intestinas dentro de la propia UCD y el oportunismo de Manuel Fraga; los continuos asesinatos de miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado; los abucheos que el rey recibió durante su visita al País Vasco; y la mala situación económica, llevaron a algunos militares a pensar que sólo un golpe de Estado -el eufemismo “golpe de timón” estaba muy en boga por aquellos días- arreglaría los problemas de la nación. El terrorismo influyó de manera decisiva en que se llegara a esta conclusión. Los militares se veían impotentes ante la agresión etarra y volcaban sus iras hacia el nuevo sistema político. Es muy significativa a este respecto una anécdota ocurrida en el Congreso durante el golpe del 23-F. Uno de los diputados gritó: “¡Viva la democracia!”, a lo que uno de los guardias civiles le contestó: “Democracia, ¿para qué?. ¿Para que sigan matando a nuestros compañeros?”.

El descontento de los militares era creciente. En Noviembre de 1978 el general Manuel Gutiérrez Mellado, representante del gobierno, fue abucheado en Cartagena en el seno de una reunión de mandos militares. Ese mismo día se descubrió en Madrid la Operación Galaxia, un complot en el que Antonio Tejero y el capitán Sáenz de Inestrillas, junto a otros mandos militares, planeaban asaltar el Palacio de la Moncloa aprovechando un viaje de los reyes. Tejero e Inestrillas fueron procesados, condenándoseles a siete meses de arresto, una sentencia casi simbólica ya que salieron a la calle inmediatamente, al haber cumplido ese tiempo en prisión preventiva.

Caso aparte es la extraña historia del general Luís Torres Rojas, por entonces jefe de la División Acorazada Brunete. A finales de Enero de 1980 Diario 16 publicó una información sobre un presunto golpe de Estado planeado por dicho general. Según el rotativo, éste habría sido el motivo del fulminante cese del general al mando de la División y su precipitado traslado al gobierno militar de La Coruña. El plan de Torres Rojas habría sido asaltar La Moncloa con ayuda de la Brigada Paracaidista, mientras que la División Acorazada se apoderaba de las calles de la capital. Esta noticia causó un considerable revuelo en toda la prensa de la época, siendo desmentida por diversas instancias oficiales, pese a lo cual, el único hecho cierto y comprobado es que Torres Rojas formó parte del golpe de Estado del 23 de Febrero del año siguiente.

Situación límite

Paradójicamente, la gota que colmó el vaso de la paciencia de los militares fue el caso Arregui. José Ignacio Arregui, presunto activista de ETA, falleció en el hospital penitenciario de Carabanchel, tras nueve días en los calabozos de la Brigada Regional de Información. Se dictaminó que Arregui había muerto a causa de las palizas recibidas, lo que provocó una cadena de protestas contra la Policía y la Guardia Civil. Los presos de la organización iniciaron una huelga de hambre y los obispos de Bilbao, monseñores Larrea y Uriarte, hicieron público un comunicado condenatorio. En Vitoria hubo dos manifestaciones de protesta: por un lado, los nacionalistas vascos con partidos de ámbito nacional y, por otro, Herri Batasuna junto con sectores radicales vascos, siendo ésta la manifestación que tuvo mayor afluencia. En Bilbao la movilización de protesta estuvo precedida de una huelga general que tuvo un seguimiento del 95 por ciento. En Pamplona hubo enfrentamientos entre manifestantes y la policía, mientras que en San Sebastián se sucedían las manifestaciones independentistas y a favor de ETA.

El 17 de Febrero se celebró el entierro de Arregui, al que asistieron diez mil personas. A principios de Febrero ocurrió un hecho que hizo mucho daño en la mentalidad de los militares golpistas. En una visita que el rey realizó al País Vasco fue abucheado en la Casa de Juntas de Guernica por una multitud de radicales. Este incidente suponía para el estamento militar la humillación definitiva. Era mucho más de lo que los más exaltados estaban dispuestos a tolerar. El diario El Alcázar, órgano cuasi oficial de los nostálgicos del franquismo, publicaba en esos momentos una serie de artículos firmados por el grupo “Almendros”, que instigaban a la acción directa por parte de los militares. A estos factores se unió el nombramiento de Ronald Reagan como presidente de Estados Unidos, que auguraba una Administración con una política exterior mucho más dura que la anterior y que eventualmente podría ver con buenos ojos una intervención de este tipo. De hecho, ese apoyo se pensaba obtener mediante la instauración después del golpe de un gobierno de “concentración nacional” presidido por un militar -presumiblemente el general Armada-, para el que se contaría con “políticos de la democracia” y que enarbolaría como justificación de sus actos la “defensa del orden constitucional”.

Existió incluso una lista de los miembros de este gobierno que el general
Armada llevaba en el bolsillo de su casaca cuando acudió al Congreso y que contenía nombres de personas que militaban en los principales partidos del arco parlamentario español. Así, los golpistas consultaron a los colaboradores de Reagan sobre las apoyos que recibiría el intento y, dado que lo llevaron a la práctica, debieron encontrarse con una acogida bastante favorable al proyecto, del que, por otra parte, la CIA ya estaba más que enterada, omitiendo revelar esta información al gobierno de Adolfo Suárez. Por si hubiera alguna duda sobre este particular, veamos lo que dijo al respecto en su momento el propio Tejero: “El mando de la operación había dicho que tanto el gobierno norteamericano como el Vaticano habían sido sondeados por indicación del general Armada y que ambos habían dicho que se trataba de un asunto interno de España, aunque se mostraban conformes con la monarquía constitucional”.

El golpe requirió semanas de preparación ante las mismas narices de los servicios de inteligencia. De hecho, se sabe que en Diciembre de 1980 la esposa del teniente coronel Tejero había comprado los seis autobuses que servirían para trasladar a los guardias que iban a asaltar el Congreso de los Diputados. Además, la conspiración tenía ramificaciones en Portugal, en donde se habría producido un golpe de mano similar de haber triunfado la sublevación española: “Un grupo de alrededor de 250 portugueses de extrema derecha cruzó la frontera española el pasado 23 de Febrero. Los portugueses, antiguos jefes, oficiales, suboficiales y soldados del ejército colonial, entraron en la zona conocida como Rincón de Caya, en Badajoz, según informaron a la AFP fuentes policiales (...). Se instalaron en una granja, provistos de potentes aparatos transmisores-receptores, y tomaron contacto con centros clandestinos de la extrema derecha española, donde les informaron del desarrollo de los acontecimientos hora por hora. Si hubiera triunfado el golpe de Estado, hubieran hecho un llamamiento al ejército portugués para que se hiciera con el poder”.

Las señales de la insurrección se hacían cada vez más evidentes, como el impetuoso artículo que con el título “Situación límite” escribió el teniente general De Santiago en El Alcázar, poco antes del 23-F. Sus frases eran un fiel reflejo de lo que por aquellas fechas se escuchaba en los cuarteles: “El pueblo (...) ha vuelto las espaldas a este contubernio político”; “los partidos políticos no representan al pueblo en estos momentos”. La proclama concluía afirmando que “siempre hubo españoles que rescataron y salvaron a España”. A raíz de lo visto, raro sería que el gobierno no temiera algo como lo que finalmente sucedió. De hecho, existen abundantes indicios de ello. A la sorprendente y repentina dimisión de Adolfo Suárez, y el no menos sorprendente y repentino ascenso del general Armada al puesto de segundo jefe del Estado Mayor del Ejército, hay que añadir una anécdota que el ex presidente Leopoldo Calvo Sotelo menciona en su obra “Memoria viva de la Transición”. Para que todo el gobierno estuviera presente en el hemiciclo aquel 23 de Febrero era necesario que Calvo Sotelo no fuera investido en la primera votación, el Viernes 20 de Febrero. Pues bien, se da la circunstancia de que el 17 de Febrero el ministro Pío Cabanillas telefoneó a Jordi Pujol: Jordi, ¿por qué no votan en primera vuelta a Calvo Sotelo?. - Ahora no podemos; ya se verá más tarde. - No es prudente ir a la segunda vuelta. - ¿Qué temes que pueda suceder entre una y otra?. - No, nada. A lo mejor un revuelo de entorchados.

El partido socialista tampoco debía de ser del todo ajeno a estas acechanzas a juzgar por lo que publicaba el diario El País, en la edición correspondiente al 7 de Noviembre de 1980, respecto de una confidencia de alguien muy cercano a la cúpula del PSOE, según la cual: “Existe la sensación de que el estamento militar -pese a su demostrada disciplina- no soportará mucho tiempo la actual escalada terrorista sin que se produzca algún tipo de intervención en los asuntos de la vida pública, que incluso podría justificarse constitucionalmente”.

(Fuente: Santiago Camacho, "20 grandes conspiraciones de la historia", Ed. La Esfera de los Libros, Madrid, 2005)

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