sábado, 18 de febrero de 2012

LA CARA OCULTA DE LA TRANSICIÓN: EL ASESINATO DE CARRERO BLANCO Y EL 23-F (1)

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A pesar de su proximidad cronológica, o puede que precisamente a causa de ella, la transición española es un período histórico que aún encierra un importante número de puntos oscuros. ¿Qué papel cumplieron las potencias extranjeras -y especialmente Estados Unidos- en su camino hacia la democracia?; ¿Por qué murió el almirante Carrero Blanco?; ¿Cuál era el objetivo final del golpe del 23-F?.

Finalizada la Guerra Civil Española, la oposición al régimen de Franco sucumbió en diversas ocasiones a la tentación de solicitar la intervención de potencias extranjeras para zanjar el problema español. Ya en 1948 el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Madrid comentaba acercamientos en este sentido: “Son unos insensatos esos monárquicos que se me acercan para pedirme que Norteamérica asfixie económicamente a España. Si eso ocurriera, caería Franco, pero la Monarquía no recogería la herencia. Lo que tiene que hacer el rey es ponerse de acuerdo con Franco”.

En realidad, las potencias occidentales, y más concretamente Estados Unidos, no tenían el menor interés en terminar con el régimen de Franco, que desde 1945 había aportado a los aliados seguridad militar, concesiones territoriales en forma de bases militares e interesantes ventajas económicas. Los responsables de la política exterior estadounidense tenían meridianamente claro que en sus manos estaban los resortes económicos y políticos para perpetuar la dictadura española o terminar con ella en el momento en que así lo decidieran. Sin embargo, la entrada triunfal de Fidel Castro en La Habana el 1 de Enero de 1959 supuso un llamado de atención imposible de ignorar para los diplomáticos y estrategas norteamericanos, algo que los hizo trastabillar en su pretensión de omnipotencia y los obligó a considerar seriamente la posibilidad de que las cosas escapasen a su control. Era de vital importancia que algo así no se volviera a repetir jamás, y menos aún en Europa. Para ello se empezó a considerar seriamente no sólo el refuerzo de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y España, sino también empezar a preparar el escenario de la sucesión de Franco, para lo cual se tendieron lazos a los sectores monárquicos del país y a los representantes de la izquierda moderada, cuya colaboración fue solicitada en aras de frenar un eventual avance del comunismo. La gran huelga de la cuenca hullera asturiana en Febrero de 1961 puso a los norteamericanos mucho más nerviosos de lo que ya estaban, por lo que se apresuraron a incluir a España entre las dictaduras protegidas en el ámbito del llamado Proyecto Vulcano. Por esas mismas fechas la CIA comienza a hacer movimientos en España para que el régimen de Franco se muestre tolerante, e incluso contemple la futura legalización de un partido socialista y otro de carácter demócrata cristiano, que sentarán las bases de una futura democracia parlamentaria.

A finales de 1970, el llamado “Proceso de Burgos" dio nuevos motivos de preocupación al entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, que decidió enviar a España a uno de sus hombres de confianza, Vernon A. Walters, para que se asegurase de que la situación estaba controlada y la transición a la monarquía se llevaría a cabo en su momento de la manera prevista.

“ No hay mal que por bien no venga”

Walters, que llegaría a ser director adjunto de la CIA en 1973, relata su experiencia española en su libro “Misiones secretas”: “Todos los oficiales superiores con los que hablé dudaban de que Franco pusiera al príncipe en el trono antes de morir. Creían, sin embargo, que nombraría a un Primer Ministro. No creían que hubiera disturbios de importancia en el país cuando Franco muriera, y dijeron que las Fuerzas Armadas podrían manejar fácilmente tales problemas. Fue una experiencia estupenda y única”. Sin embargo, el nombramiento en Junio de 1973 del almirante Luís Carrero Blanco como presidente del gobierno no gustó en Washington. Considerado un representante de la línea más dura dentro del régimen, y haciendo gala de una lealtad inquebrantable hacia Franco, Carrero resultaba una figura sumamente incómoda para una eventual transición democrática. No obstante, un “golpe de suerte” quiso que la situación diera de nuevo un giro favorable a las pretensiones estadounidenses. El 20 de Diciembre de 1973 el almirante era víctima de un atentado terrorista perpetrado por ETA: su vehículo blindado saltó por encima de la fachada de un colegio de jesuítas en la madrileña calle Claudio Coello y fue a caer en un patio interior. El pánico se extendió por los círculos oficiales, desconcertados ante la inconcebible osadía de esta acción. ETA había ejecutado un golpe maestro que parecía haber desbaratado los planes del régimen. El asesinato tenía como fin intensificar las divisiones latentes entre diversos sectores del franquismo de la época, como indicaba claramente el comunicado en el que ETA reivindicaba el atentado: “Luis Carrero Blanco, hombre duro y violento en sus actitudes represivas, era la clave que garantizaba la estabilidad y continuidad del sistema franquista. Es seguro que sin él las tensiones en el gobierno entre la Falange y el Opus Dei se intensificarán”. Sin embargo, para sorpresa de muchos, el régimen superó con bastante facilidad la confusión creada por la muerte de Carrero. No obstante, bajo esta aparente estabilidad bullía un hervidero. El general Iniesta Cano, a la sazón director de la Guardia Civil, se embarcó en una aventura sospechosamente parecida a un golpe de Estado ordenando a los comandantes locales que ocupasen las capitales de provincias y que disparasen contra los izquierdistas a la menor señal de manifestaciones o desórdenes públicos. Sólo la intervención del jefe del Estado Mayor, el general Manuel Díez Alegría, y del ministro de Gobernación, Arias Navarro, impidió que se produjera derramamiento de sangre. Por otro lado, en círculos del aparato del régimen y sus simpatizantes se empezaba a murmurar en voz baja que en el tema del asesinato de Carrero había mucho más de lo que parecía. Tan insólito había sido el atentado como las circunstancias que lo habían rodeado. A todos les extrañaba que tras la acción de ETA no se hubiesen establecido los habituales controles en el aeropuerto de Barajas y en las carreteras de salida de Madrid. Nadie conseguía comprender cómo se habían podido llevar a cabo los preparativos para el atentado, que incluían la excavación de una galería y el manejo de una más que considerable cantidad de explosivo bajo las calles de un Madrid controlado por la Brigada Central de Información, y en una zona estratégica de la capital en la que se encuentran no sólo la embajada de Estados Unidos sino, además, numerosos edificios oficiales. Para colmo, Henry Kissinger había estado de visita en Madrid justo el día anterior, lo que servía para que los más suspicaces se preguntasen si esta visita no tendría algo que ver con el atentado y cómo era posible que el dispositivo de seguridad que protegía al secretario de Estado estadounidense no hubiera detectado los preparativos de ETA. El responsable nominal de tan garrafales errores en la seguridad no era otro que el ministro de la Gobernación, Carlos Arias Navarro. Su etapa al frente de este ministerio se caracterizó por su extremada dureza con los opositores al régimen. Su experiencia en los juicios sumarísimos durante los primeros años de la posguerra pesó decisivamente a la hora de su nombramiento. Su hostilidad en aquella época le valió el apodo de Carnicero de Málaga. Transcurrido el tiempo, se supo que los servicios secretos habían prevenido a Arias Navarro de la inminencia de un atentado contra una alta autoridad del gobierno, presumiblemente contra el Presidente. No obstante, inexplicablemente, se negó a aumentar las medidas de protección del almirante. Tras el atentado, no sólo nadie le pidió responsabilidades, sino que la carrera de Arias Navarro iba a tocar techo poco después, al ser nombrado presidente del gobierno. El ascenso del que debía velar por la seguridad del anterior presidente dejó tan estupefactos a los afectos al régimen como a la oposición, haciendo inevitable que se especulara mucho sobre el mensaje de fin de año de Franco, en el que dijo, respecto a la muerte de Carrero: “No hay mal que por bien no venga”. Los colaboradores y amigos de Carrero, haciendo gala de las fijaciones conspirativas del franquismo, achacaron durante mucho tiempo su asesinato a la masonería, aunque con el tiempo se demostró más allá de cualquier duda que fue efectivamente ETA la autora del atentado. Aún hoy se especula con la posibilidad -cada vez más revestida de certeza- de que esta acción contase con el visto bueno de autoridades del régimen, de la CIA y de otros aparatos del poder, poco interesados en la perpetuación del franquismo tras la muerte de Franco.

Otro interesante aspecto de este atentado reside en la posibilidad de que fuera planeado y/o llevado a cabo por uno o varios antiguos miembros de las Compañías de Operaciones Especiales, las famosas COE del Ejército de Tierra: “La presencia de etarras entre las COE (llegaron a existir 22 compañías en toda España que hoy, aglutinadas en tres grupos o GOES y con sólo militares profesionales, responden a un único mando, con sede en Alicante) nunca ha sido reconocida por el Ministerio de Defensa. Ahora tampoco, si bien fuentes próximas a los servicios secretos de aquellos años (70 y 80) admiten que no se trató de uno ni de dos casos. Los rumores eran constantes entre los propios guerrilleros boinas verdes, que manejaban para su formación manuales donde se especifica la cantidad de explosivo necesaria para hacer saltar un puente o volar un vehículo. En ese contexto, nadie se llevaba las manos a la cabeza cuando un mando explicaba, sin alzar mucho la voz, que el artífice del atentado había sido un etarra adiestrado como boina verde”.

Carmen Carrero, hija del almirante, siempre ha sospechado que el gobierno de Franco conspiró para acabar con la vida de su padre y colaboró indirectamente en su asesinato. Cree que los presuntos errores en la seguridad de su padre fueron en realidad premeditados y que la falta de interés en la detención del comando terrorista se debió a los detalles, poco convenientes, que sus miembros pudieran revelar.

La República Federal de Alemania era otro de los grandes interesados en que las cosas transcurriesen en España con la mayor calma posible, ya que un foco de tensión en Europa no haría sino alejarlos de la consecución de su principal objetivo político, esto es: la reunificación de Alemania a través de la distensión entre los bloques. Era vital crear una izquierda moderada fuerte para que la transición española transcurriese sin excesivas fricciones y por cauces aceptables. Es por ello que el partido socialdemócrata alemán financia la convocatoria en Suresnes (Francia) de un congreso de jóvenes escindidos del Partido Socialista Obrero Español que elegirían a Felipe González como su líder. Los pactos surgidos del Congreso de Suresnes configuraban un partido preparado para dirigir la oposición política, justo lo que se pretendía desde Europa y Estados Unidos. Para tal propósito se contaba con la complicidad de la UGT. Pero cuando el PSOE ganó las elecciones de 1982, Felipe González nombró un gobierno con un perfil muy distinto del esperado por la comisión ejecutiva del partido, lo que puso de manifiesto diferencias de criterio entre el partido y el gobierno, que darían lugar a importantes dificultades políticas que desembocarían en el distanciamiento entre los dos hombres fuertes del PSOE: Felipe González y Alfonso Guerra. Aunque ésa es otra historia.

Por su parte, Santiago Carrillo ya había empeñado su palabra de que el Partido Comunista no movería un solo dedo hasta la coronación de Juan Carlos I, y que acataría el nuevo orden constitucional a cambio de la legalización del partido. La jugada de Carrillo fue sumamente hábil, ya que los planes de Henry Kissinger para España establecían muy claramente que el Partido Comunista no debía ser legalizado hasta que el espacio político de la izquierda hubiera sido copado por otras fuerzas políticas. Su compromiso de renuncia al rupturismo fue lo que permitió que el PC tuviera al menos una oportunidad en las primeras elecciones democráticas. Aun así, y para salvar la ropa ante sus respectivos partidarios, tanto los líderes del PSOE como del Partido Comunista mantuvieron hasta 1976 posturas mucho más beligerantes de lo que en verdad estaban dispuestos a llevar a cabo en la práctica, amenazando incluso con torpedear la ley de Reforma Política de Adolfo Suárez. Un juego peligroso si tenemos en cuenta que por aquellas fechas un cincuenta por ciento de los españoles estaba a favor de la república como forma de gobierno preferida tras la muerte de Franco, mientras que sólo un veinte por ciento se inclinaba por la monarquía.

Sin embargo, era la monarquía precisamente lo que deseaban las potencias occidentales para España como único sistema que les aseguraba una demolición controlada del franquismo y una transición sin excesivos sobresaltos. De cara a los militares, el nuevo monarca estaba completamente legitimado, ya que su acceso al trono había sido voluntad expresa de Franco y, como tal, era algo que en el Ejército de aquella época estaba más allá de toda discusión. Por otro lado, desde la izquierda se hizo un esfuerzo consciente para controlar la situación y que la transición discurriese por los cauces más suaves posibles, aunque fuera a costa del sacrificio de buena parte de sus consignas y programas: “Desde la caída de la dictadura, las amplias masas de los trabajadores, las mujeres y la juventud habían confiado completamente en sus dirigentes. A regañadientes, dieron por buena toda la política de “consenso”, “apretarse el cinturón”, “hacer sacrificios para salvar la democracia”, etc., con la esperanza de que todos estos esfuerzos sirvieran para garantizar una vida digna para sus familias y significara una esperanza en un futuro mejor.

Pero al cabo de los meses, los obreros, los campesinos y las amas de casa se daban cuenta de que, pese a todas las frases tranquilizadoras y demagógicas, el cambio era insuficiente”. Muchos sectores sociales no entendían el papel que estaba desempeñando la izquierda en el desarrollo de los hechos. Las condiciones de vida en la España de la época estaban muy lejos de ser perfectas y ahí seguía la misma gente de siempre: los burócratas continuaban sentados en sus cómodos sillones, los especuladores en sus despachos; la Policía y el Ejército seguían siendo los mismos que durante la dictadura ...

(Fuente: Santiago Camacho, "20 grandes conspiraciones de la historia", Ed. La Esfera de los Libros, Madrid, 2005)

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